El teletrabajo se regulará como un derecho básico para personal funcionario y laboral en el conjunto de las Administraciones públicas, también en Justicia
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22 de septiembre de 2020
- A requerimiento de CSIF, en la reunión del pasado 21 de septiembre, el Ministerio de Justicia anuncia que abrirá la Mesa de negociación sobre teletrabajo en Justicia sobre la base de la mínima regulación existente en la Orden 504/2020 que sigue vigente.
CSIF, como sindicato más representativo a nivel de todas las Administraciones públicas, ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre el teletrabajo para el conjunto de las empleadas y empleados públicos de toda España (Administración General del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, etc).
Este acuerdo se ha formalizado en la Mesa General de las Administraciones Públicas (máximo foro de negociación, en el que están representadas comunidades autónomas y ayuntamientos, junto a la Administración General del Estado y los sindicatos más representativos en este ámbito) y previsiblemente irá al Consejo de Ministros el próximo 29 de septiembre.
Para CSIF, se trata de un acuerdo novedoso, que mejorará las condiciones laborales y favorecerá la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar de empleadas y empleados públicos de toda España. Este acuerdo supone introducir por primera vez el derecho al teletrabajo en el Estatuto Básico del Empleo Público y, por tanto, se podrán acoger al mismo tanto el personal funcionario como laboral de las administraciones públicas.
El teletrabajo, tal y como defendió CSIF en la negociación, tendrá carácter voluntario, reversible y sin coste para el trabajador puesto que la Administración proporcionará los medios tecnológicos necesarios para su actividad (las administraciones públicas que ya han regulado el teletrabajo en su ámbito tendrán 6 meses para adaptarse a esta premisa). En este sentido, el Ministerio de Justicia anunció en la citada reunión del 21 de septiembre que está ejecutando la compra de pcs portátiles para repartir entre los funcionarios/as que teletrabajen.
Además, el personal que preste sus servicios mediante el teletrabajo tendrá los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal.
A partir de esta nueva regulación básica del teletrabajo, el resto de las administraciones, incluida la Administración de Justicia, podrán desarrollar su propia norma y determinar el porcentaje de servicio que se pueda realizar mediante el teletrabajo y en forma presencial o el derecho a la desconexión digital.