CSIF se moviliza para exigir al ministerio que negocie la reforma de la Justicia y aplique una subida salarial justa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la justicia, asistirá hoy a la reunión de la mesa delegada para escuchar la propuesta de subida de complemento específico para los funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia, al igual que se ha realizado en otros ámbitos como la Comunidad de Madrid, Asturias, País Vasco o Cataluña.

Si en la mesa delegada (mesa de negociación que afecta específicamente al personal del ámbito no transferido) se quiere plantear una subida salarial, quienes representamos a los compañeros destinados en ese ámbito, tenemos la responsabilidad de, como mínimo, escuchar la oferta, valorarla e intentar mejorarla como ya se ha hecho, se está haciendo y se hará en otros ámbitos si se convocan dichas mesas.

No obstante, CSIF mantiene las reivindicaciones que venimos defendiendo desde el principio del conflicto y participará hoy en los actos de protesta contra el Ministerio de Justicia para exigir la negociación de la reforma de la Justicia, el reconocimiento laboral y retributivo de las funciones que realizan los Cuerpos generales y especiales en el marco de la transformación de Justicia y la negociación de los tribunales de instancia (proyecto de ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia), que llega al parlamento sin contar con el consenso sindical.

CSIF mantiene la protesta para que el departamento de Félix Bolaños aplique una subida salarial justa para el conjunto de la plantilla de funcionarios del Estado ya que, de momento sólo está dispuesto a negociar una mejora para el ámbito no transferido. El próximo 21 de marzo, esté prevista una reunión de la mesa sectorial.

El Ministerio y las comunidades autónomas deben asumir su responsabilidad dentro del marco de la cogobernanza, que no sólo debe estar prevista para repartir fondos europeos para la compra de ordenadores sino también para atender a las necesidades organizativas, cambios en las funciones y reconocimiento del papel fundamental del personal de justicia en todo este proceso al igual que ya se ha reconocido a letrados de la Administración de Justicia, jueces y fiscales con subidas salariales más que notables.

TRIBUNALES DE INSTANCIA

A esta situación se suma la tramitación del proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que regula la implantación de los tribunales de instancia.

CSIF ya ha mostrado su radical descuerdo con ese texto que:

• No se basa en un análisis real de la situación de la Justicia ni del propio sentido y función de este servicio público esencial pues parte de la base de que la justicia es una especie de fábrica de coches, de cadena de producción, algo que cualquiera que haya estado en un Juzgado se da cuenta de que es absurdo y dañino para la prestación del servicio público.

• No ataja, sino que confirma y agrava, el problema de los cuellos de botella funcionales y del rancio corporativismo en las oficinas judiciales que es uno de los principales problemas de la Justicia.

• Excluye y margina al personal de Justicia del diseño, implantación y organización de la oficina judicial mientras pone especial cuidado en la participación de otros colectivos profesionales.  

• Se salta a la torera la obligación de negociar las relaciones de puestos de trabajo y de los procesos de acoplamiento.

• Impone un modelo que crea una gran incertidumbre sobre los destinos del personal de Justicia que podrá ser movido arbitrariamente.

• Establece un ilegal sistema de asignar un mismo puesto a dos relaciones de puestos distintas.

• No permite el desarrollo profesional ni la especialización del personal de Justicia, lo dificulta y lo impide, así como la movilidad voluntaria.

• En materia de agilidad de la Justicia, parece fiarse de que tres jueces van a ponerse de acuerdo en poner una sentencia que uno sólo; cosa que raya el milagro.

• Establece mecanismos de mediación que ya eliminaron de nuestra legislación en 1984 cuando lo conciliación obligatoria en la jurisdicción civil fracasó estrepitosamente por inútil.

• Supone una verdadera privatización de la Justicia que va a encarecer el derecho fundamental de acceso a la Justicia en condiciones de igualdad tanto por el establecimiento de la mediación obligatoria como la cesión, regalo, de la ejecución a determinadas profesiones liberales.  

• Ahonda en el control político de las oficinas judiciales ya que, además de consolidar los nombramientos a dedo en puestos clave, a mayor flexibilidad de destinos y mayor posibilidad de cambios arbitrarios de puestos, más opciones hay para presionar al personal en el ejercicio de sus funciones.

 

• En definitiva, supone la renuncia expresa del Ministerio a dotar a la Justicia de medios materiales y personales suficientes a costa del bolsillo de los ciudadanos que pagarán una justicia más cara y el abandono de su responsabilidad en la gestión del servicio público de forma sostenible aprovechando el potencial del personal de Justicia y apoyándose en un corporativismo rancio propio del siglo XIX que reparte competencias de forma nominal y no material.  

Finalmente, el Ministerio tiene la obligación de abordar en esta misma mesa de la DA 12ª las materias contenidas en el documento conjunto consensuado por CSIF y el resto de los sindicatos, tales como:

• La regulación básica de la Carrera profesional (regulada desde el año 2018 en los arts. 516 y 519 LOPJ),
• La Regulación básica del teletrabajo
• La negociación del reglamento y de las relaciones de puestos de trabajo de los registros civiles
• La clarificación y reconocimiento de las funciones en las oficinas judiciales fruto del nuevo modelo de Justicia.