La representación sindical en el Comité de Seguridad y Salud expresa su preocupación por los retrasos en las evaluaciones de riesgos psicosociales.

La parte sindical del Comité de Seguridad y Salud de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias expresa su más profunda preocupación por la ausencia y el retraso en la realización de las evaluaciones de riesgos psicosociales, situación que compromete la salud y el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores de este ámbito. La falta de coordinación y la desatención reiterada de la normativa vigente constituyen un serio incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El pasado 7 de abril de 2025, la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud compareció en el Parlamento de Canarias tras una interpelación en la que se denunciaba la inacción, por su parte, para reducir las ratios de profesionales que atienden a menores. A pesar de las declaraciones de buena voluntad, no se han producido reuniones de coordinación reales ni avances efectivos en los compromisos adquiridos. La falta de diálogo con el personal, unida a la ausencia de medidas preventivas que mitiguen la sobrecarga laboral, sigue generando un ambiente insostenible que acaba repercutiendo en la salud y el rendimiento de la plantilla.

La Inspección de Trabajo ha requerido en varias ocasiones la documentación necesaria para diagnosticar las condiciones de los distintos centros adscritos a esta Consejería, sin que hasta la fecha se haya presentado una evaluación de riesgos que contemple de forma integral los factores psicosociales. Esta demora impide abordar con eficacia el estrés laboral, genera un entorno inseguro y supone un incumplimiento grave de la normativa vigente.

La situación es especialmente grave por la carencia de planificación para implantar acciones correctivas y por la carencia de un calendario de actuaciones que garantice la protección adecuada de quienes desempeñan sus funciones en un área tan sensible. Quienes representan la salud y los derechos de las y los profesionales exigen una respuesta institucional clara y urgente, con un compromiso real para subsanar las deficiencias detectadas y salvaguardar la integridad física y psicológica de la plantilla.

Es fundamental que la Consejería asuma su responsabilidad y que los organismos competentes establezcan mecanismos de supervisión más rigurosos. Las personas que trabajan en este servicio esencial merecen un entorno donde su salud laboral sea una prioridad absoluta, y no pueden seguir expuestas a la falta de medidas que garanticen su bienestar y el cumplimiento de la normativa que protege tanto al personal como a la ciudadanía atendida.