Carta abierta a la Consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa

Sra. Consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa

 

Acusamos recibo de su carta, remitida a todo el personal de Justicia el pasado viernes 20 de diciembre, en la que, como portavoz de los firmantes, defiende la firma del acuerdo que, recientemente, ha suscrito con dos organizaciones sindicales. Y decimos, portavoz, porque hasta la fecha, ninguna de las dos organizaciones sindicales firmantes del mismo, han publicado nota alguna explicando las razones que les han llevado a poner su rúbrica en el mismo.

 

Dice en su misiva que el acuerdo “quiere reconocer el decisivo valor que tenéis los profesionales, actores principales e imprescindibles para la prestación de un servicio público de calidad, y también el esfuerzo que realizáis para adaptaros a la implantación del expediente judicial electrónico y al proceso de digitalización y modernización de la Administración de Justicia…”

 

Pues bien, los funcionarios/as de Justicia ya vemos hasta dónde llega su reconocimiento con un acuerdo que, lamentablemente, es el peor de todos los firmados hasta la fecha en todos los ámbitos territoriales, incluido el que se firmó en el ámbito no transferido. Porque, Sra. Consejera, su acuerdo es el más bajo en incremento del complemento específico por cuerpo de funcionarios y de los más largos en cuanto a su abono completo.

 

En este sentido, conforme al apartado décimo del mismo, el acuerdo se podría extender incluso más allá de 2027 lo que lo convertiría en el más largo de todos los firmados muy lejos, por ejemplo, del firmado en el ámbito no transferido que finaliza este próximo año 2025.

 

Pero continuemos examinando en qué consiste ese “reconocimiento”:

 

1. Ese reconocimiento, del que usted habla, ha provocado que el personal de Justicia de Cantabria pierda las posiciones que tenía en la comparativa con el resto de ámbitos territoriales en el complemento específico y, lo que es peor, la situación no va a mejorar con la firma de los acuerdos pendientes.

 

2. Ese reconocimiento, que menciona, se debe de hacer evidente en el desprecio a la precaria situación en la que hoy mismo están decenas de compañeros/as que tienen que trabajar con el abrigo puesto porque el Gobierno de Cantabria, no puede o no quiere arreglar la calefacción. Ese reconocimiento se muestra en los compañeros/as que tienen que soportar edificios con goteras, con hormigas campando por sus cajones etc.. o de los inconvenientes de edificios que no cumplen con las normas de accesibilidad.

 

Si, ya sabemos que el Pacto por la Justicia que firmaron con una organización sindical y del que, según usted, este acuerdo trae causa, contempla inversiones en edificios. No obstante, sucede que las condiciones mínimas de trabajo en los edificios públicos ya las marcan leyes y normas reglamentarias de prevención de riesgos, salud laboral o de accesibilidad que son de obligado cumplimiento sin que sea necesario firmar ningún Pacto por la Justicia ni acuerdo alguno.  

 

3. Ese reconocimiento, al que hace referencia, se debe de plasmar también en una normativa de interinos, comisiones de servicio y sustituciones que, por lo que estamos viendo en la negociación en marcha, va dirigida a precarizar el empleo y las condiciones de trabajo del personal de Justicia, bajar los estándares de calidad del servicio público al rebajar requisitos y méritos en la selección de personal temporal y, como no, a derogar derechos y oportunidades para el personal de Justicia titular restringiendo la movilidad voluntaria.

 

4. Finalmente, sin intención de extendernos mucho más en este apartado de reconocimientos, nos encontramos con el segundo año consecutivo de refuerzos de la planta judicial en el orden social sin que el gobierno de Cantabria haya dispuesto, no ya un incremento de plantilla, sino unas medidas de refuerzo para unos juzgados que, a juzgar por la necesidad de unidades judiciales, precisa de más medios personales.

 

Sra. Consejera, es usted muy libre de “vender” sus acuerdos, faltaría más, pero le pedimos que no tome a su personal de Justicia por unos ingenuos con eso del “reconocimiento”.

 

En otro apartado de su carta, señala usted que espera que ese reconocimiento sirva “de incentivo y motivación para afrontar el continuo proceso de cambios en vuestro entorno laboral al que estáis y vais a estar sometidos en los próximos años”.

 

Pues bien, en general, es muy difícil de entender que una Administración pretenda motivar a su personal cuando se le ningunea y minusvalora de esta manera. Al contrario, lo que ha calado es una profunda indignación, agravada por cierto por esa invitación a un “ágape” de Navidad, que, en estos momentos, traslada la impresión de que hay dinero para celebraciones, pero no para lo esencial que no es otra cosa que el reconocimiento real, con hechos, al personal público de Justicia a través de la mejora de sus retribuciones y del resto de sus condiciones de trabajo.

 

Finalmente, Sra. Consejera, de su carta se desprende que siguen ustedes sin entender el marco competencial en la Administración de Justicia y la estructura de negociación en la Administración de Justicia.

 

Basta con leer la LOPJ para entender que el Ministerio de Justicia es una comunidad autónoma más respecto de la gestión de determinadas materias, en el mismo nivel, compartidas y concurrentes con las CCAA que han recibido traspasos en la gestión de medios personales y materiales como es el caso de Cantabria.

 

Basta con leer la LOPJ para entender que el Ministerio de Justicia tiene, además, competencias de carácter básico y, esta vez con carácter exclusivo, y que se aplican a todo el personal de Justicia con independencia de dónde esté destinado.

 

De ahí que, la estructura de negociación colectiva que nos hemos dado, conforme a lo regulado en la Constitución, Ley Orgánica de Libertad Sindical y normativa de desarrollo y avalado por los tribunales de justicia, establezca dos niveles distintos de negociación con ámbito objetivo y subjetivo diferente y autónomos en su convocatoria y desarrollo. A saber:

 

• Las Mesas Sectoriales en las CCAA con traspasos de gestión de medios personales y materiales de la Administración de Justicia como la de Cantabria y la Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para el ámbito no transferido. (Resolución de 13 de mayo de 2021 Secretaría de Estado de Función Pública). Entre otras cuestiones en estas mesas, se negocia la cuantía del complemento específico tal y como se ha hecho en el ámbito no transferido y en otras CCAA, con traspasos de gestión de medios personales y materiales en las que, por cierto, no hizo falta firmar Pacto por la Justicia alguno para llegar a estos acuerdos sino voluntad de real de negociar y la convocatoria de la correspondiente mesa.

 

• La Mesa de Negociación específica de la Administración de Justicia (Disposición Adicional 12ª del TREBEP) en la que se negocian cuestiones cuya regulación corresponde con carácter exclusivo al Ministerio de Justicia y que, en consecuencia, afectan a todo el personal de Justicia con independencia de dónde estén destinado. En esta mesa, por ejemplo, se ha negociado el preacuerdo firmado el 16 de julio de este año que incluye, junto a modificaciones de la ley de eficiencia del servicio público de Justicia y de normativa reglamentaria básica relacionada con esa ley, otras reivindicaciones del conflicto en Justicia y en la que siguen vigentes algunas otras reivindicaciones de ese conflicto a las que CSIF no ha renunciado en ningún momento.

 

En este contexto, Sra. Consejera, el año próximo, ciertamente, nos esperan muchos retos, pero no sólo a nosotros, sino a usted también.

 

Tras haber negociado, en la mesa de negociación específica de la Administración de Justicia (DA 12ª TREBEP) que acabamos de mencionar, el contenido de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia nos tendremos que sentar a negociar la oficina judicial en Cantabria incluyendo las relaciones de puestos de trabajo en las que se definen las características y condiciones laborales y retributivas de cada puesto, tal y como establece con carácter previo y preceptivo la propia ley tras dicha negociación.

 

Pero no sólo eso, Sra. Consejera, en esa misma mesa de la Administración de Justicia regulada en el TREBEP se ha acordado regular con carácter básico el teletrabajo en la LOPJ. En consecuencia, vaya anotando para el año que viene la negociación de esta modalidad de prestación laboral en Cantabria.

 

Asimismo, se ha acordado comenzar la negociación de la regulación básica (competencia exclusiva del Ministerio conforme a la LOPJ) de la carrera profesional por lo que vaya añadiendo a la lista de retos para el año que viene, el desarrollo e implementación de esta regulación básica en Cantabria una vez tengamos la normativa básica publicada.

 

Hay más cosas pendientes de negociación, Sra. Consejera, pero no queremos ser exhaustivos y alargarnos en exceso en el contenido de esta carta. Así que, para ir concluyendo:

 

CSIF no firmó el denominado Pacto por la Justicia de Cantabria por considerarlo vacío de contenido y sin contraprestación alguna para el personal de Justicia.

 

CSIF no ha firmado el acuerdo retributivo, al que hace referencia en su carta, porque, de ninguna manera, reconoce suficientemente todo eso que dice en su carta que se debe reconocer al personal de Justicia.

 

No obstante, CSIF sigue abierto a la negociación y en ese punto nos encontrarán quienes compartan el objetivo de mejorar las retribuciones y las condiciones de trabajo del personal de Justicia, así como la mejora de la prestación de este servicio público esencial de Justicia en nuestra querida “tierruca”. Todo ello sin renunciar a la movilización si esa negociación se quiebra, se bloquea o se torna imposible.

 

Finalmente, quienes formamos parte de CSIF le deseamos que tenga una feliz salida y entrada de año y, sobre todo, que nos traiga salud a todos y todas… porque lo demás, habrá que trabajarlo y negociarlo.

 

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

 

 

En Santander, a 26 de diciembre de 2024.