CSIF exige al Gobierno que no se escude en el 23J y que se siente a negociar las mejoras salariales de los 750 funcionarios de Justicia que hay en Córdoba

Los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia de Córdoba han continuado hoy con sus movilizaciones para reclamar al Gobierno central que “no se escude en la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio y que se siente a negociar las mejoras salariales que les corresponden a los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de nuestro país, 9.000 de los cuales se encuentran en la comunidad andaluza y 750 en Córdoba, que desarrollan históricamente unas funciones que deben ser ya reconocidas y retribuidas”.

El presidente del Sector de Justicia de CSIF Córdoba, Antonio González, recuerda que este personal supone el 93% del conjunto de la Administración de Justicia y apunta que “continúa la huelga indefinida que se inició el pasado 22 de mayo, así como distintas movilizaciones y asambleas informativas para trasladar la realidad de este conflicto, que continúa plenamente vigente, al igual que la capacidad del Ejecutivo central para negociar aunque se vayan a celebrar comicios el 23 de julio”, subraya.

CSIF –el sindicato convocante mayoritario en el ámbito de la Justicia- lamenta que “el Ministerio desgraciadamente no haya puesto sobre la mesa una oferta seria para reconocer profesional y retributivamente el trabajo que desempeñan estos trabajadores y trabajadoras” y criticado que “haya hecho oídos sordos a nuestras reivindicaciones y al endurecimiento de nuestras protestas, cuyos efectos negativos para la ciudadanía lamentamos profundamente, si bien el único responsable es el Ministerio, que sí ha tenido a bien atender y responder positivamente a otros colectivos”.

González recalca que los funcionarios de los cuerpos Generales y Especiales “están siendo tratados como trabajadores públicos de segunda frente a otros cuerpos” y señala que “llevamos décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente”, de forma que “si sólo hubiéramos hecho las funciones que tenemos asignadas legalmente, la Justicia ni funcionaría ahora ni habría funcionado nunca”, argumenta.

Los sindicatos convocantes –además de CSIF, STAJ, CCOO y UGT-- exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica para negociar. En  concreto, exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.