CSIF reclama medidas preventivas para los profesionales que realizan trabajos de campo en la AXI y para los subinspectores urbanísticos de la APLU.

En relación a la evaluación de riesgos que se está elaborando para los trabajos de campo del personal de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI), CSIF realizó varias propuestas para la reunión del comité de seguridad y salud del día 28/03/2025, según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

1 . CSIF solicitó una evaluación de riesgos laborales que incluya todos los riesgos a los que están expuestos estos profesionales, con visitas de los técnicos de prevención a los lugares que tienen que inspeccionar y con presencia de la RLT

2.  En relación a los VEHÍCULOS. CSIF solicitó:

• Una evaluación de riesgos ergonómicos específica de los vehículos, que son una herramienta de trabajo indispensable.
• Calzado adecuado para la conducción, ya que la DGT prohíbe el uso de botas de seguridad que no permitan determinados movimientos del pie.
• Que se incluya el factor de la edad en la evaluación de riesgos laborales, ya que los reflejos no son los mismos en un profesional de 30 años que en otro de 60 años.
• Formación en conducción laboral segura, similar a la impartida al personal subinspector urbanístico de la APLU por iniciativa de CSIF.
• Que cada vehículo oficial disponga de un extintor y de un botiquín.
• Que se imparta formación adecuada en materia de primeros

3. ROPA Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTE LAS INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS.

• CSIF propuso que se proporcione a todos los profesionales que realizan trabajos de campo en la Agencia Gallega de Infraestructuras ropa impermeable y ropa de abrigo similar a la proporcionada por la APLU al personal subinspector urbanístico por iniciativa de CSIF, pero dotados de alta visibilidad, que incluye: pantalones de membrana impermeable y transpirable de grado 3, cazadoras de membrana impermeable y transpirable de grado 3 con forro polar y plumíferos, todos con bandas reflectantes grado 2, junto con una bolsa para guardar los
• En cuanto al calzado, deben proporcionarse distintos tipos de calzado, adecuados a cada tarea que haya que CSIF propuso que se dote al personal de calzado similar al proporcionado al personal subinspector urbanístico por iniciativa de CSIF:

-Botas altas ligeras de Goretex o membrana similar para los meses de

-Calzado bajo de Goretex o membrana similar para los meses

-Botas de seguridad resistentes al agua con puntera reforzada de acero.

-Botas altas de goma impermeables con suela antirresbaladiza para acceder a zonas

4. CSIF solicitó un curso de prevención y resolución de conflictos adecuado al puesto de

5. CSIF insistió en que se debe realizar una evaluación de riesgos psicosociales a todo el personal que realiza trabajos de campo para determinar la necesidad o no de implementar otras medidas

6. CSIF solicitó medios electrónicos para las salidas a obra de los profesionales, para poder consultar la documentación de forma adecuada. Los técnicos tienen que acudir a las obras con los planos de los proyectos impresos en papel, lo que genera malas posturas al consultarlos, realizar anotaciones o tomar imágenes, y mojaduras e incomodidad los días de lluvia. CSIF propuso que se proporcionen tabletas a todo el personal que realiza consulta y toma de datos de campo en la Agencia Gallega de Infraestructuras, del mismo modo que se proporcionaron a los subinspectores urbanísticos de la APLU por iniciativa de CSIF.

7. CSIF solicitó que se revisen los salarios que reciben la mayoría de profesionales que realizan trabajos de campo en la Xunta de Galicia, que no incluyen ninguna compensación económica por exposición a los riesgos laborales que no se pueden evitar.

Personal subinspector urbanístico de la APLU

En relación a las dos investigaciones de la Inspección de Trabajo a la APLU por irregularidades en materia preventiva, CSIF puso en conocimiento del comité los siguientes hechos:

La Inspección de Trabajo ordenó que se realizara al personal subinspector urbanístico una evaluación de riesgos psicosociales y el resultado fue de riesgo muy elevado en la mayoría de los factores evaluados. CSIF propuso medidas preventivas de carácter urgente y, aunque muchas fueron aceptadas, otras no lo fueron debido a un informe que el anterior director de la APLU envió a la Inspección de Trabajo.

Ese informe no fue puesto en conocimiento de la Representación Legal de los Trabajadores con anterioridad a su validación por la IT y no refleja la realidad del funcionamiento interno de la agencia.

Lo manifestado en el informe que el anterior director de la Aplu envió a la IT sobre la disposición adicional 9.2 de la Ley 2/2015, do 29 de abril, de empleo público de Galicia, en la práctica no es cierto.

El anterior director de la Aplu explica en su informe que el personal de subinspección solo suministra datos de hecho descriptivos de lo que va a constituir el objeto del procedimiento administrativo, y eso no se corresponde con las tareas que realizan. En la práctica, y desde los inicios de la APLU, al personal subinspector también se le solicitan funciones de estudio, aunque correspondan al personal de inspección urbanística según lo establecido en la Ley de Empleo Público de Galicia.

Al personal subinspector urbanístico se le solicitan informes periciales, en los que tiene que expresar su opinión, que más adelante tendrá que defender en los juzgados contencioso administrativos y penales, a veces en un careo con otros técnicos delante del juez. Esos informes y esas declaraciones distan mucho de constatar datos fácticos.

CSIF solicita que los subinspectores urbanísticos tengan acceso a toda la documentación del expediente cuando los Servicios Centrales solicitan visitas de inspección e informes de prácticas de prueba durante la tramitación del expediente administrativo.

El personal subinspector solicitó desde el inicio de la APLU disponer de toda la información antes de emitir los informes, y aunque se les dice que sí, muchos no la reciben o no pueden acceder a ella. Después, cuando tienen que prestar declaración en los juzgados y la Asesoría Jurídica les envía el expediente completo comprueban con asombro que existe documentación importante a la que no tuvieron acceso antes de emitir el informe.

Desde que se obligó a los subinspectores a incluir en sus informes valoraciones económicas, estos trasladaron a los Servicios Centrales que el método indicado por el Servicio Técnico no era válido para valorar la mayoría de las edificaciones objeto de las actuaciones de la APLU.

Había que utilizar el método del Colegio de Arquitectos, aumentando el módulo con el incremento del IPC de los últimos años, pero ese método estaba pensado para hacer una estimación rápida del valor de una edificación terminada y nueva, en función de su superficie y uso, sin tener en cuenta los materiales, ni la calidad de la construcción y aplicando coeficientes superiores en unos concellos que en otros.

La mayoría de las viviendas que inspecciona la APLU ni están terminadas ni son nuevas, por lo que el resultado de la valoración es superior al valor real de la construcción. Y en el caso de infraviviendas o galpones el importe de la valoración económica es desproporcionado.

Con este criterio la valoración de una chabola es igual que la de un chalet en el mismo concello, si tienen la misma superficie, y se puede dar el caso de que la valoración de la chabola sea superior a la del chalet si están en concellos diferentes.

Y si ese método no era adecuado para valorar las obras objeto de los expedientes que tramita la APLU, en 2021 empeoraron las cosas cuando se les ordenó incrementar esa valoración un 13% en concepto de gastos generales, causando revuelo en los Servicios Provinciales. Los gastos generales de una empresa no se aplican en los presupuestos de ejecución material, como tampoco se incluye el beneficio industrial. Los gastos generales de una empresa incluyen los alquileres, las facturas telefónicas, los seguros, internet, el salario del personal administrativo, etc.

A la mayoría de los subinspectores les pareció un despropósito incluir esos gastos en una valoración económica de una obra objeto de un expediente de la Aplu. La mayoría del personal subinspector puso objeciones a aumentar un 13% el resultado de la valoración y, en el caso del Servicio Provincial de Coruña, se amenazó a una subinspectora con abrirle un expediente disciplinario si no lo aplicaba.

CSIF no se explica, como tampoco se entendió entonces la razón por la que el criterio de valoración de obras de la Aplu no podía ser público, máxime cuando ese criterio determinaría la prioridad en la tramitación de un expediente y las sanciones económicas, entre otras cuestiones.

CSIF también comparte la opinión de la mayoría de subinspectores urbanísticos y de personal del propio Servicio Técnico relativa a que el procedimiento de toma de datos de los proyectos de demolición de la Aplu debe modificarse, y ser similar al utilizado en las empresas privadas, para no despilfarrar dinero público. En las empresas privadas el redactor del proyecto no necesita acudir a las obras rodeado de un ejército de técnicos para que le asistan como ocurre en la APLU.

CSIF insiste en que en los procedimientos de ejecuciones subsidiarias de las órdenes de demolición sigue existiendo duplicidad de funciones en las visitas de toma de datos, la redactora del proyecto sigue sin conocer las obras que hay que demoler cuando acude a esa visita y no puede responder a las preguntas de los interesados, nadie sabe quien dirige la inspección ni quien debe paralizar los trabajos cuando existen riesgos para la seguridad de los trabajadores.

CSIF comparte la opinión del personal subinspector relativa a que la APLU necesita un Servicio Técnico competente, con capacidad para resolver o buscar soluciones a los problemas técnicos que se le plantean, y que no abuse de los recursos de la agencia cuando desplaza a cuatro técnicos de la APLU, un técnico de un laboratorio de Vigo y tres policías para la toma de datos de una caseta de helados en Ribeira, por ejemplo.

O movilizar a cuatro técnicos de la APLU y una arquitecta de la Comunidad de Madrid, que estaba de visita en la agencia, para realizar la toma de datos de una mobil home en la que no entraban los cinco técnicos midiendo dentro y se estorbaban unos a otros. Estas situaciones, que no son casos puntuales, dañan la imagen de la Xunta de Galicia y causan vergüenza al personal subinspector urbanístico, que tiene que dar explicaciones a los propietarios, a la policía, y a veces a personal del concello correspondiente.

El Servicio Técnico de la APLU pone en riesgo al personal subinspector urbanístico y a la policía cuando ordena que se realicen inspecciones en zonas conflictivas de etnia gitana, zonas donde hay venta de drogas y tenencia de armas, para obtener datos de forma presencial cuando esos datos se pueden obtener con medios tecnológicos sin poner en riesgo la seguridad de ningún profesional y ahorrando costes a la APLU. Con un simple dron de 300€ se evitaría exponer al personal subinspector al riesgo de agresión y se evitaría desplazar a dos subinspectores varias veces al mismo emplazamiento para tomar fotografías, como ocurre en la actualidad.

CSIF considera que no se puede hablar de confianza, de buena relación entre Servicios ni de colaboración entre compañeros mientras no se solucionen estos asuntos, y que mientras tanto, los riesgos psicosociales que no son inherentes a las funciones propias de los subinspectores urbanísticos seguirán siendo los mismos o incluso aumentarán, por muchas otras medidas de prevención que se adopten.

Cuando se oferta una plaza de subinspector urbanístico en la APLU en comisión de servicios, lo normal es que quede desierta, salvo que la persona interesada tenga un problema de conciliación familiar y necesite cambiar de ciudad. Salvo esa excepción, el resto de plazas tienen que ser cubiertas por personal interino. Ningún arquitecto técnico ni ingeniero de obras públicas de la Xunta de Galicia quiere trabajar en la APLU, y los que trabajan están deseando trabajar en cualquier otra parte. Varios subinspectores urbanísticos decidieron estudiar otra oposición para irse definitivamente.

Esto es otro indicador de que algo no funciona en la Aplu, y al contrario de lo que opinan los Servicios Centrales, CSIF considera que no es culpa de los subinspectores urbanísticos.

CSIF solicita que se modifique el método del Servicio de Prevención que determina la necesidad de evaluar riesgos psicosociales porque es evidente que no es válido. En la evaluación de riesgos laborales del personal subinspector urbanístico figura que no es necesaria una evaluación de riesgos psicosociales. Sin embargo, la evaluación de riesgos realizada durante la investigación de la Inspección de Trabajo arrojó resultados de riesgo muy elevado en la mayoría de los factores de riesgo psicosocial.

El personal subinspector urbanístico pertenece al grupo A2 y tiene nivel 22, CSIF solicita que se aumente el nivel inicialmente asignado a la escala de subinspección urbanística, al tener que realizar funciones de la escala de inspección urbanística, que pertenece al grupo A1 y tiene nivel 26.

Además, el personal subinspector urbanístico está expuesto a muchos riesgos laborales (accidentes de tráfico, agresiones, etc.) y sin embargo su salario es idéntico al del personal del mismo nivel que realiza trabajos de oficina.

El vehículo oficial del Servicio Provincial de A Coruña es un Renault Megane, no es un vehículo 4×4 y no es adecuado para realizar las funciones propias del personal subinspector, que tiene la función de vigilancia del territorio en zonas rústicas. Hubo varios siniestros y avisos a la grúa para sacar el vehículo del barro.

 CSIF Solicita UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS ESPECÍFICA DE LOS VEHÍCULOS, que son una herramienta de trabajo indispensable. El personal está obligado a permanecer en ellos durante toda la jornada laboral cuando realiza inspecciones urbanísticas y cuando realiza la vigilancia del territorio.

CSIF Solicita vehículos 4×4 para todos los Servicios Provinciales, adecuados para realizar las funciones propias del personal subinspector urbanístico y que se evalúen correctamente las lesiones musculoesqueléticas que pueden sufrir al realizarlas.

CSIF También solicita formación en el manejo de dicho vehículo.

Con estas medidas preventivas CSIF reafirma su compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores, así como su continuo apoyo a la mejora de las condiciones laborales en toda la Administración Pública.