CSIF exige a Justicia una urgente ampliación presupuestaria extraordinaria que asegure hasta final de año la cobertura de bajas por enfermedad con personal interino

CSIF, primera fuerza sindical en la Administración de Justicia, ha solicitado “de forma urgente” a la Consejería de Justicia una ampliación presupuestaria extraordinaria para “asegurar, hasta final de año, la cobertura de bajas por enfermedad mediante personal interino”. Según la Central Sindical, esto permitirá garantizar “un servicio de calidad, continuo y en línea con los principios de equidad y eficiencia que debe promover la administración de justicia”. CSIF exige, además, la autorización inmediata para el llamamiento de personal interino que cubra estas ausencias y asegure el buen funcionamiento de los servicios judiciales en Andalucía.

CSIF manifiesta asimismo su “profunda preocupación” en un escrito presentado a la Secretaría General de Servicios Judiciales, y achaca la situación a “la ineficiente gestión de la partida presupuestaria anual”. El sindicato expone que la decisión ha sido “ocultada por la Consejería de Justicia” y afirma que ha tenido conocimiento de la misma a través de las Delegaciones Territoriales de Justicia: “en Cádiz se ha dejado sin efecto la cobertura de las bajas prevista para el próximo llamamiento, al parecer se extenderá al resto de provincias”.

La ausencia de nombramientos de personal interino “no es solo una medida de restricción en el gasto público, sino una clara negligencia por parte de la Consejería de Justicia en la administración de los recursos asignados”. Para CSIF, recursos que deberían garantizar la continuidad y eficiencia del servicio público de justicia en su máxima capacidad. Esta deficiente gestión y falta de personal “también deteriora la percepción ciudadana sobre la calidad y eficiencia de los servicios públicos, dañando la imagen de la administración de justicia en Andalucía”.

Grave afección

El sector de Justicia de CSIF afirma que esta decisión afectará gravemente al adecuado funcionamiento del servicio público de justicia en Andalucía, “contradiciendo los principios y objetivos que la misma Consejería promueve públicamente”. “Parece que las declaraciones del Consejero de Justicia en el compromiso con el ciudadano no se reflejan en acciones reales, demostrando una falta de interés por los usuarios de la administración de justicia en Andalucía”.

La falta de previsión puesta de manifiesto por CSIF en esta gestión presupuestaria “va a generar una grave deficiencia de personal en los órganos judiciales”. Existen puestos de trabajo que llevan “en algunos casos dos meses sin cubrirse”, y ahora “se sumarán otros dos meses en los que numerosos expedientes judiciales permanecerán paralizados”. Esto tendrá un impacto negativo, tanto para los trabajadores, como para la ciudadanía en general, “quienes verán los servicios judiciales ralentizados y menos eficaces”.

La insuficiente asignación presupuestaria, “aceptada sin cuestionamiento por la Consejería de Justicia”, junto con la ineficiente gestión de los recursos presupuestarios, conducirán a “una limitación drástica en los nombramientos de personal interino para cubrir las bajas por enfermedad, lo cual tiene varias implicaciones negativas”.

En relación al aumento de la carga de trabajo, la falta de personal incrementará la ya elevada carga laboral del personal judicial restante, quienes se verán forzados a asumir tareas adicionales que son totalmente inasumibles. La sobrecarga de trabajo y la presión continua causan estrés laboral y desgaste emocional y físico, afectando gravemente la salud y el bienestar de los trabajadores.

En relación a la calidad del servicio público al ciudadano, “la reducción de la plantilla disponible perjudica directamente al ciudadano, con un servicio más lento y menos eficaz, y aumentará aún más retrasos en la tramitación de sus expedientes judiciales”. Esto es especialmente grave en un sector esencial como la justicia, donde el tiempo de respuesta y la calidad de la atención son críticos. La falta de personal y la consiguiente paralización de servicios impiden satisfacer las necesidades de los usuarios, afectando directamente su calidad de vida y bienestar general.