Los delegados/as de CSIF reclaman a los servicios sociales de las CCAA más medidas de seguridad en los centros de menores

Los delegados/as de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, van a dirigirse a los servicios sociales de las comunidades autónomas para reclamar que refuercen la seguridad de los trabajadores en los centros de menores.

Para cumplir con estas reclamaciones CSIF ha lanzado su campaña “Basta de agresiones, medidas ya”, donde se habilita un formulario para que sus responsables sindicales lo remitan a la Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia o el organismo autonómico correspondiente. En el documento constatan la falta de medidas de prevención y protección detectadas en cada caso y el consiguiente incumplimiento de la ley. Finalmente, se solicita que se implementen medidas para que los/as profesionales del sector social desarrollen su actividad en un entorno seguro.

La puesta en marcha de esta campaña viene a continuación de las diferentes agresiones producidas en los últimos meses e incluso un motín en un centro de menores de Melilla. Con todo, destaca negativamente un grave y lamentable suceso, el asesinato el pasado 16 de marzo de una educadora social de un Centro de Menores de la Junta de Extremadura. Desde CSIF advertimos que este accidente laboral mortal por falta de medidas de protección a los trabajadores podría haberse evitado.

Por todo ello, el sindicato exige al Gobierno y a las administraciones autonómicas, competentes en materia de protección de menores, la puesta en marcha urgente de una batería de medidas para garantizar la seguridad de los profesionales, entre las que destacan:

• Implementación de protocolos de prevención y actuación ante agresiones con un registro específico, que aseguren una auténtica protección.
• Contratación de un servicio de vigilancia las 24 horas del día para todos los Centros de acogida y centros de menores.
• Dotación de sistemas de alarma y pulsera de pánico para todos los profesionales con conexión al centro de seguridad y servicios de emergencias.
• Establecer nuevas medidas organizativas como un mínimo de dos personas para cada turno.
• Evaluaciones de riesgos psicosociales.
• Refuerzo de plantillas y ratios adecuados, en muchos centros hay menos educadores de los que marca la normativa europea. Se debe garantizar una ratio idónea de personal por menor, y reforzar el equipo con figuras de apoyo como psicólogos, trabajadores sociales y personal de seguridad.
• Reconocimiento del complemento de peligrosidad o análogo e implementación de medidas compensatorias.
• Apoyo psicológico y protección jurídica gratuita.
• Formación continua y especializada, en gestión de conflictos, intervención con menores violentos, primeros auxilios psicológicos y autocuidado.
• Aumento de los programas de rehabilitación a menores.
• Revisión de la legislación que regula la organización y funcionamiento de los centros de acogida de menores y otros servicios sociales.
• Revisión del sistema de medidas judiciales, es necesario replantear los criterios de ingreso de menores con perfiles especialmente violentos en centros de protección no terapéuticos, donde el personal no tiene formación ni medios para contener ciertas conductas.

Mientras los centros de protección y reforma de menores en España se presentan como espacios de reeducación y reintegración, dentro de sus paredes se libra una realidad silenciada: la violencia creciente contra los educadores sociales. Muchos centros carecen de recursos, protocolos actualizados o personal suficiente para prevenir o intervenir ante conductas violentas, como así denunciamos.