CSIF valora que Sanidad imponga la mascarilla en todas las CC.AA

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, valora que el Ministerio de Sanidad imponga el uso de mascarilla en centros sanitarios de todas las comunidades autónomas, ante la situación que viven las urgencias y los centros de salud de toda España.

 

No obstante, desde CSIF reclamamos que la mascarilla también sea obligatoria en los transportes públicos y que se refuercen las plantillas de manera urgente para hacer frente a la presión asistencial.

 

En concreto, ante esta situación, pedimos a nuestros responsables políticos que prioricen las actuaciones en el ámbito de la Sanidad en los siguientes aspectos:

 

Más personal de ámbito sanitario y más financiación. La Sanidad requiere un Plan Estratégico a 5-10 años para situarnos en la media europea. Tenemos un déficit de 9.500 médicos de Atención Primaria, a lo que hay que sumar que faltan 130.000 profesionales de Enfermería, 1.250 matronas, 1.100 pediatras y 44.000 TCAES. Por eso, es preciso un incremento de la financiación por gasto sanitario. En España se invierten 2.027 euros por persona, mientras que la media europea es de 2.746. La Sanidad requiere un plan de Empleo con 289.000 nuevas plazas entre 2021-2031 para equipararnos a la media de la UE.

 

Para ello, proponemos diseñar ya la oferta de empleo público del próximo año y suprimir la tasa de reposición para contribuir a la creación de empleo neto y el diseño de unas plantillas adecuadas a las necesidades reales de la ciudadanía mediante la planificación plurianual a varios años de las ofertas de empleo público.

 

CSIF también está preocupado por la situación de la temporalidad. En la actualidad, según datos de la Encuesta de Población Activa, hay más de 1,1 millones de personas en situación de temporalidad en las administraciones públicas, lo que supone un 31 por ciento del total. Los procesos de estabilización están en marcha, aunque va lento su proceso, y deben estar concluidos a 31 de diciembre de 2024, cuando la tasa de temporalidad no deberá superar el 8 por ciento para dar cumplimiento a los requerimientos de la Unión Europea.

 

Mejoras retributivas. CSIF rechaza frontalmente el acuerdo de subida salarial para los empleados públicos firmado el pasado octubre para 2022, 2023 y 2024 porque les condena a una nueva pérdida de poder adquisitivo y es totalmente insuficiente. Este acuerdo ya ha quedado desfasado con los últimos datos de inflación. Solo en los dos últimos años los empleados públicos han perdido un 5,5 por ciento de poder de compra y un 20 por ciento desde 2010 cuando se produjo la primera bajada salarial. Pedimos renegociar un nuevo acuerdo y equiparación salarial entre comunidades autónomas para evitar la fuga de profesionales entre administraciones y fuera de España.

 

Jubilación anticipada por coeficientes reductores. Se trata de una reclamación legítima del colectivo de sanidad, que sufre unas condiciones laborales penosas por la presión laboral a la que está sometido a diario y a la falta de recursos. CSIF ya demandó el pasado octubre al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social por no activar los mecanismos para que este colectivo profesional pueda acogerse a esta modalidad de jubilación. El pasado marzo presentamos 60.522 firmas exclusivas de profesionales de la sanidad reclamando este reconocimiento.

 

Además, el adelanto electoral provocó que se interrumpieran las negociaciones del futuro Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud, una exigencia histórica del personal del ámbito sanitario, y que debe dar respuesta a algunas de las reivindicaciones más urgentes de estos profesionales:

 

Adecuación y reclasificación, así como actualización de las funciones del personal de la sanidad conforme al Plan Bolonia. Recatalogación de Técnicos Medios y Superiores y TCAES. Estos colectivos llevan 17 años pendientes de la reclasificación de sus profesiones, lo que supone una pérdida de entre 200 y 400 euros al mes. Por su parte, los TCAES tienen una responsabilidad y cualificación superior a la de hace décadas, pero no se les ha adaptado su nivel ni su titulación.

 

Además, proponemos reclasificar a todos los grupos profesionales del ámbito sanitario.