Las empleadas y empleados públicos almerienses se movilizan el miércoles contra la pérdida de poder adquisitivo y la falta de negociación salarial

La Central Sindical, Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, dará comienzo el próximo miércoles, 25 de mayo, a un calendario de movilizaciones con las que quiere denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicas, que en la provincia suman más de 40.000 personas, y la falta de negociación sobre sus salarios. En concreto, el miércoles se desarrollará una concentración en la Subdelegación del Gobierno, que tendrá réplica en el resto de provincias andaluzas. Además, a estas movilizaciones se han adherido las asociaciones profesionales policiales y de Guardia Civil, integradas en JUSAPOL.

Según ha explicado el sindicato “se trata de movilizaciones que se realizarán en el conjunto de España y que tendrán continuidad en el tiempo en defensa de nuestros empleados y empleadas públicas, que arrastran una pérdida de poder adquisitivo de un 15% desde 2010, cuando el Gobierno central les rebajó el sueldo, por lo que urge negociar una subida salarial”.
Asimismo, CSIF ha subrayado que “el personal del sector público lleva contribuyendo al Pacto de Rentas más de diez años”, por lo que ha considerado que “necesita salarios acordes al trabajo que desarrolla y no puede seguir sufriendo más recortes”, ante lo que urge al Ministerio de Hacienda y Función Pública a sentarse a negociar.
Junto a la pérdida de poder adquisitivo, la central sindical ha alertado sobre la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 29,2% en Andalucía, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que indican que hay 175.100 temporales en el conjunto de 599.100 asalariados totales del sector público en la región. 
Asimismo, CSIF ha recordado que hay ámbitos como el SEPE o la Seguridad Social que se encuentran en una situación muy compleja, como puso de manifiesto la pandemia, y que necesitan un refuerzo extraordinario de personal. En concreto, el déficit de personal de la Seguridad Social en Andalucía asciende a unas 900 personas y en el SEPE hay medio millar de trabajadores y trabajadoras menos en las oficinas andaluzas que hace cuatro años debido fundamentalmente a jubilaciones del personal.
Respecto al Plan de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) anunciado por el Gobierno, CSIF considera que “se trata de un parche, que llega con retraso y que aún no se ha desarrollado una normativa específica sobre teletrabajo en la AGE, mientras que el sector privado ya cuenta con una regulación clara”. En este sentido, ha criticado igualmente que la modalidad laboral no presencial no haya sido una prioridad tampoco para la Junta de Andalucía, donde aún no se ha desarrollado una normativa específica al respecto.
En concreto, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública (actualizados a julio de 2021), en Andalucía hay un total de 507.607 trabajadoras y trabajadores al servicio de las distintas administraciones públicas. De ellos, el 60% aproximadamente (304.829) pertenecen a la Administración autonómica; el 23,4% (118.767) a las administraciones locales; y el 16,6% (84.011) al sector público del Estado.