CSIF reclama una estructura de sedes fija en la Junta de Andalucía que sea independiente al Ejecutivo de turno

• El sindicato propone un Plan de Centros de Trabajo estables en la Administración que permita suprimir gastos, prestar mejor servicio y favorecer la conciliación laboral y familiar de sus empleados y empleadas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, reclama una estructura de sedes fija en la Junta de Andalucía que no dependa del Ejecutivo de turno con el objetivo de favorecer la conciliación familiar de sus empleados y empleadas, prestar un servicio de calidad a la ciudadanía y ahorrar costes. Con esta propuesta el sindicato pretende evitar los numerosos trámites y los gastos innecesarios de fondos públicos que se producen como consecuencia de los resultados en cada convocatoria electoral que se celebra en la comunidad.

 El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) José Manuel Dorado, ha calificado de “incompresible” que después de cada proceso de elecciones autonómicas la ciudadanía “tenga que soportar numerosos cambios” que van desde la ubicación de los centros laborales y las estructuras de recursos humanos, hasta la asunción de competencias o nomenclaturas de las consejerías y sus diferentes departamentos. 

En este sentido, CSIF ha propuesto a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Financiación Europea, la elaboración de un Plan de Centros Laborales Fijos en la Administración andaluza que permita suprimir gastos innecesarios en las arcas públicas y poder emplear ese montante económico en fomentar medidas de conciliación laboral y familiar.

Según el dirigente sindical, la reestructuración de las consejerías que se produce cada vez que finaliza el proceso de elecciones, supone no sólo un importante gasto de fondos públicos sino que genera una enorme incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras de la Administración autonómica por los cambios de ubicación de sus centros de trabajo. Precisamente, un gran número de profesionales eligen destino laboral en los procesos de provisión de puestos de trabajo teniendo en cuenta la ubicación del mismo para favorecer la conciliación laboral y familiar, la reducción de gasto y el tiempo por desplazamientos, aspectos que vuelven a ser vulnerados con estos cambios de sedes administrativas y alteran de nuevo su vida cotidiana y suponen un perjuicio en la conciliación laboral y familiar.

Un ejemplo paradigmático de ello lo constituyen las políticas de Consumo que, desde la constitución de la Junta de Andalucía en el año 1982, han sufrido hasta once cambios de consejerías y su correspondientes cambios de sedes, con el consecuente impacto negativo, tanto en la plantilla de empleados públicos como en la ciudadanía, según ha explicado el responsable del Sector de la AGJA en CSIF, que ha lamentado la incidencia que ello ha tenido en las personas consumidoras, a las que se les debe garantizar un servicio público de calidad, de fácil acceso y en una ubicación estable.

Además, el sindicato apunta que tras una mudanza es inevitable el incremento de los retrasos en las tramitaciones administrativas, así como un menoscabo del servicio público motivado por servidores informáticos con datos y aplicaciones que han de ser migrados; reorganización informática, administrativa y física de los registros de presentación de documentos o edición de nuevos elementos de papelería (sobres, tarjetas, cartelería, paneles informativos...), de los sellos (entrada, salida, compulsa...) y membretes para adaptarlos a los cambios e inutilización de los anteriores.

A todo ello, se suman los nuevos contactos telefónicos y electrónicos, modificaciones normativas para cambiar los formularios y adaptarlos a las nuevas direcciones y consejerías; variaciones en procedimientos e instrucciones de tramitación normativa y contratación en la nueva Consejería; cambios en los criterios de fiscalización por parte de la Intervención Delegada o traslados de las sedes donde diariamente decenas de personas son citadas a las audiencias arbitrales e intentos de mediación, lo que llega a causar retraso o la suspensión de las mismas durante un tiempo.

Otra consecuencia negativa de los traslados de sede de los organismos públicos es el riesgo de extravío o pérdida de expedientes y documentación lo que, sin duda, genera “una imagen institucional carente de estabilidad”, ha concluido el dirigente sindical.