CSIF exige al Ministerio que se deje de hacer experimentos con el Registro civil

Una circular que no tiene “ni pies, ni cabeza” y que, por ambigua, se está ya interpretando en contra de lo establecido en una norma de rango superior como es la orden de guardias en perjuicio de las retribuciones del personal de los RC exclusivos.

 

Tras varios meses de funcionamiento del nuevo modelo de Registro civil en Madrid y Barcelona queda claro que el Ministerio no estaba listo para poner en marcha este nuevo modelo y que su impulso sólo puede obedecer a razones políticas y electorales. Sin reglamento, sin relaciones de puestos de trabajo, con un programa que sigue en versión beta o en pruebas y con falta de personal el Registro civil se hunde mientras el Ministerio está encantado con el proyecto y pidiendo colaboración para que funcione su experimento.

 

El programa informático va ya por la quinta versión y sigue siendo una aplicación lenta que se cae demasiadas veces y que, en está dificultando y obstaculizando el trabajo del personal que atiende este servicio público que ve como trámites que se hacían en un minuto ahora necesitan hasta diez veces más de tiempo. Además, este programa muestra carencias importantes respecto del veterano programa INFOREG que obligan al personal a seguir utilizando el anterior programa para sacar adelante el trabajo. En este sentido, el personal del Registro civil se está convirtiendo en una especie de cobaya informática de prueba y error del nuevo programa para el que no están recibiendo ni el apoyo ni la formación suficiente.

 

Sin relaciones de puestos de trabajo es imposible determinar las necesidades de efectivos basados en cargas de trabajo y con el objetivo de prestar el mejor servicio público. En este sentido, CSIF denuncia la actitud del Ministerio que se niega a negociar las rpts diciendo que “están probando a ver cómo funciona con los medios actuales para luego dimensionar el servicio”. Otro experimento más que pagan los ciudadanos en forma de retrasos en sus expedientes. Por otro lado, CSIF denuncia la precariedad de medios y la necesidad de que, como mínimo se cubran todas las vacantes existentes en las plantillas de los Registros civiles.

 

Además, en las rpts se incluyen cuestiones objeto de negociación colectiva como la jornada laboral, la realización de guardias, las retribuciones complementarias, el tipo de puesto (genérico o jefaturas) y la descripción de funciones y tareas. Esta falta de negociación e implantación de rpts está ya causando problemas de interpretación y ha derivado en que los encargados de los Registros civiles no estén cobrando la retribución que les corresponde por ejercer esa función de especial responsabilidad.

 

Sin reglamento, el Ministerio se está dedicando a regular el funcionamiento del Registro civil a través de circulares e instrucciones provisionales, a la espera del Reglamento cuyo borrador se desconoce hasta la fecha, sin fuerza jurídica suficiente lo que constituye una auténtica aberración jurídica y organizativa. En este sentido, se está impidiendo la posibilidad de que el personal de Justicia pueda ver reconocido el trabajo que realmente hacen en los Registros civiles, se facilita la realización de funciones de superior categoría por la vía de las habilitaciones, gratis total, sin retribución alguna. Esta cuestión afecta especialmente a los LAJ encargados de los RC de Madrid y Barcelona que no cobran como debieran esa función y al Cuerpo de Gestión procesal, que debería tener también la condición de encargado del Registro civil para complementar y apoyar la labor del LAJ evitando repetir el mayor error del modelo anterior: los cuellos de botella en la tramitación de los expedientes. Además, la nueva estructura del Registro civil que se prevé en la ley 20/2011, vacía de contenido y funciones a las oficinas colaboradoras que son las más cercanas a los ciudadanos de la España vaciada, que ya no pueden ni inscribir, ni certificar ni instruir expedientes que sí podían hacer los Juzgados de Paz.

 

Para CSIF es una temeridad que el Ministerio siga empeñado en extender este “desastre” a otras ciudades como Murcia, este mismo mes o Tarragona y Valladolid en octubre y, por este motivo, hemos solicitado ya que se pare el proceso de implantación, que se abra la mesa de negociación con el Reglamento y las relaciones de puestos de trabajo como temas principales.