El acuerdo de retribuciones firmado por los sindicatos de clase ahonda en la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos

La negociación se abrió como consecuencia de la movilización que CSIF inició en el mes de mayo frente a las delegaciones y subdelegaciones del Ministerio y la gran manifestación en Madrid del 24 de septiembre.

 

La subida pactada por los sindicatos de clase y el Gobierno a tres años ni siquiera sirve para compensar la pérdida de poder adquisitivo de este año 2022.

 

El Gobierno pretendía tener un cheque en blanco pues la segunda parte del acuerdo no recoge compromisos en firme con cobertura presupuestaria y, según el propio Ministerio, aún está por definir y concretar.

 

El 24 de septiembre CSIF convocó una masiva manifestación contra el empobrecimiento social y para la recuperación del poder adquisitivo y obligar al gobierno a sentarse a negociar sobre retribuciones tras dos años sin convocar la mesa.   Una convocatoria abierta a toda la ciudadanía que congregó en el centro de Madrid a más de 80.000 personas de toda España lo que obligó al Gobierno a sentarse a negociar.

 

Fruto de la movilización, el Gobierno convocó para el miércoles 28 de septiembre una mesa de negociación

Lamentablemente, la reunión se inició con las prisas del Gobierno para cerrar este tema. En apenas 5 horas distribuidas en 3 reuniones en menos de una semana y apremiados por la aprobación del proyecto de ley de presupuestos en una “negociación” en la que siempre tuvimos la sensación de que, algunos, lo tenían todo hablado desde hace tiempo y, de ahí, que no hayan querido salir a la calle estos últimos meses.

 

Desde el primer momento, CSIF asumió la responsabilidad de exigir al Gobierno una subida salarial que sirviera para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo que sufren los empleados públicos desde hace muchos años y, por este motivo, nos mantuvimos firmes en nuestra posición de no aceptar unas propuestas del Gobierno que no sirven para ese fin.

 

La subida se concreta en una parte fija con un incremento del 6% y una parte variable equivalente a un 1,5% por el cumplimiento de objetivos del PIB y del IPC.

 

Para CSIF, es inaceptable que la subida de este año sólo suponga un 1,5% cuando, la inflación ha llegado casi al 11% (un 10,8% en el mes de julio) y ahora está rondando el 9%.

 

Pero es que, además, es muy probable que la parte variable del incremento que han firmado esos dos sindicatos y el Gobierno no se llegue a abonar nunca en su integridad.

 

• El acuerdo establece que un 0,5% de la subida variable de 2023 está ligada a una cifra del PIB nominal que, en la reunión se cifró por la administración en el 5,9%. El mismo día 3 de octubre, la Ministra de Economía rebajó las previsiones de crecimiento para 2023 al 2,1%.

 

• En cuanto al otro 0,5% de la subida del 2023 y el 0,5% del 2024 están ligadas a la evolución acumulada de los precios.

 

• Para cobrar ese 0,5% en 2023 la suma de los IPC de 2022 y 2023 deberá ser superior al 6%, es decir, que los dos sindicatos de clase y el Gobierno pretenden compensar una subida de más de un 6% con un testimonial 0,5%  

 

• Pero es que en el año 2024 el mínimo se fija en el 8%. Es decir, para compensar una subida de más del 8% los dos sindicatos de clase y el Gobierno acuerdan incrementar las nóminas un nimio 0,5%.

 

 

El Ministerio de Hacienda presentó, hora y media antes de la última reunión, un documento en barbecho con una serie de cuestiones sin precisar su alcance y con unas vagas referencias a la negociación, un cheque en blanco que le permite pasar el trance y, luego ya veremos.

 

El elenco de cuestiones que se dice que se van a negociar carecen de garantía de cobertura presupuestaria que es imprescindible para que cuestiones, como la reclasificación de grupos, el convenio del personal laboral en el exterior, entre otras, se puedan hacer realidad.

 

Otros temas se podían haber ya hecho realidad hace tiempo si el Gobierno hubiera tenido voluntad de hacerlo. Muchas de estas materias no tienen carácter básico y dependerá de la voluntad de las CCAA su desarrollo. Entre otras materias:

 

• el teletrabajo con un acuerdo firmado en junio de 2021 y que todavía está sin desarrollar,

• la jornada de 35 horas que desde 2018, gracias a un acuerdo firmado por CSIF, puede ponerse ya en marcha sin necesidad de autorización ni acuerdo alguno con el Gobierno, en cualquier administración.

• la recuperación de recortes de 2012 y, entre ellos de la paga extra de 2012 que en varias CCAA está bloqueada por un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la nación y que, en estas últimas reuniones, expresamente, han rechazado retirar tras haber solicitado CSIF que desistieran de esos procedimientos.

• Digitalización y retención del talento que ya fueron presentadas por Función Pública hace un año sin que haya habido más movimientos por parte de la Administración. 

 

Y otras materias deben ponerse en marcha no porque lo diga un acuerdo sino porque le obliga la normativa vigente como es, por ejemplo, la ley de función pública cuya negociación está en marcha desde julio de este año o los planes de igualdad cuya implantación es obligada por ley.  

 

 

Entre otras cuestiones que CSIF propuso incluir en la propuesta y que no han sido recogidas por el Gobierno:

 

• La introducción en toda la administración de la carrera profesional.
• La subida de las pensiones públicas de clases pasivas
• La financiación suficiente del mutualismo administrativo
• El incremento de la indemnización por residencia.
• El fomento, con medidas concretas, de la promoción profesional.
• La eliminación de la tasa de reposición para resolver el problema de escasez de plantillas y el envejecimiento de las mismas.

 

 

CSIF seguirá luchando en la tramitación parlamentaria contra la pérdida de poder adquisitivo y el empobrecimiento de los y las empleados/as públicos/as.