CSIF convoca nuevas movilizaciones de la Inspección de Trabajo para denunciar la falta de personal y de medios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha confirmado una nueva jornada de huelga en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social -junto con el resto organizaciones sindicales con representación en el organismo- el próximo 25 de enero, para denunciar la caótica situación que sufre la Inspección, con grave escasez de plantilla y déficit de recursos técnicos y materiales. Previamente, el 23 de enero se ha convocado además concentraciones en todas las sedes provinciales de la Inspección de Trabajo entre las 12.00h y las 12.30 horas.

 

Denunciamos el incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo de julio de 2021, en el que se acordó adoptar medidas para paliar problemas diarios de la Inspección de Trabajo por la escasez de plantilla. En concreto, el Ejecutivo se comprometió a solucionar las graves carencias de personal, la falta de carrera profesional y de horizonte temporal que contribuye a que muchos inspectores de Trabajo abandonen el organismo y a dotar a la Inspección de los instrumentos propios para responder a la complejidad del mundo laboral.

Sin embargo, las carencias de personal y de medios continúan casi dos años después de la firma de este acuerdo, y se traducen en el aumento de la carga de trabajo que soporta la Inspección, la falta de desarrollo de la carrera profesional, en la ausencia de reconocimiento de las funciones desarrolladas y la existencia de una relación de puestos de trabajo obsoleta e injusta.

 

En la actualidad hay unos 2.200 trabajadores de inspección activa y otros 800 de personal de apoyo; es decir, la Inspección de Trabajo recae sobre una plantilla de 3.000 personas mientras que hay 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.

 

CSIF, en este sentido junto con las demás organizaciones convocantes de la huelga, lamenta que se haya quedado sin ejecutar más del 20 por ciento del presupuesto para Inspección de Trabajo asignado para 2022, desaprovechando así “una oportunidad singular” para cumplir con las medidas comprometidas en el acuerdo.

También acusamos a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de “desembarazarse” del problema y apuntar “como responsable en exclusiva” al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Los convocantes del paro del día 25 de enero denunciamos además precisamente que este Ministerio “ni siquiera se siente aludido, cuando es el responsable” del bloqueo del acuerdo antes mencionado.

Son medidas insuficientes

 

CSIF logró en abril -como parte del acuerdo de 2021- que la Administración General del Estado (AGE) se comprometiera a un primer refuerzo parcial de la plantilla de la Inspección de Trabajo y a mejorar sus condiciones laborales. En concreto, se acordó la puesta en marcha este año de un Plan Extraordinario para retribuir el rendimiento y la actividad de personal, con una dotación presupuestaria de 6 millones de euros, que se concretaría en una productividad adicional en la nómina de los trabajadores/as.

 

Además, la AGE se comprometió a establecer en las ofertas anuales de empleo público unas tasas de reposición suficientes para garantizar el reforzamiento del servicio. De manera adicional, se procedería a la asignación inmediata de 200 plazas para ser cubiertas con personal interino hasta que se procediera a la provisión legal de los puestos de trabajo vacantes.

 

Sin embargo, la puesta en marcha de estas medidas de urgencia no ha evitado que la situación de la Inspección siga empeorando día a día, con una plantilla que continúa totalmente sobrepasada. El Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene que dejar de lanzar mensajes triunfalistas y acometer soluciones estructurales o la Inspección de Trabajo colapsará en el importante papel que debe desempeñar.