La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insta a la Junta de Castilla y León a tramitar y conceder, antes de abril, docenas de solicitudes de jubilaciones parciales pendientes de trabajadores laborales. Un bloqueo que afecta especialmente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, “con meses de espera” porque solo hay un empleado gestionando esos trámites, a pesar de que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) existen más plazas para esa tarea que se encuentran vacantes.

   CSIF exige a la Consejería de la Presidencia, responsable del cumplimiento del convenio colectivo del personal laboral, y a todas las consejerías, que aceleren la concesión de esas jubilaciones dado “el inminente cerrojazo” -que ya ha anunciado la Junta al sindicato independiente- que supondrá la entrada en vigor, el próximo 1 de abril de 2025, del Real Decreto-Ley 11/2024 de 23 de diciembre del Gobierno, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, que modifica el artículo 215 sobre jubilación parcial de la Ley General de la Seguridad Social.

   El nuevo texto “no tiene en cuenta las particularidades del acceso al empleo público ni de sus modalidades contractuales, ni tampoco los derechos que dichas modalidades generan”. En definitiva, según CSIF, “la nueva regulación colisiona con la normativa y genera inseguridad a todas las administraciones públicas a la hora de acordar jubilaciones parciales, por lo que se desincentivan e imposibilitará que cumplan con los requisitos acceder a una jubilación parcial”.

   La nueva redacción impone que los contratos relevo que se firmen cuando se concede una jubilación parcial serán de carácter indefinido y a tiempo completo, y deberán mantenerse -al menos- durante los dos años posteriores a la extinción de la jubilación parcial, apunta CSIF. Ahora, no se exige que ese contrato relevo sea indefinido, por lo que a partir de ahora solo veremos jubilaciones parciales en el ámbito de la empresa privada. Esto afectaría a, aproximadamente, 5.000 trabajadores solo de la administración autonómica en los próximos cinco años. sin contar con el personal laboral de la Administración General del Estado presente en Castilla y León y de las distintas administraciones locales.

   El sindicato independiente “exige a los responsables del Gobierno y de las demás administraciones, entre ellas la Junta de Castilla y León, una solución que evite una discriminación y un perjuicio intolerable a todos estos empleados públicos de las diferentes administraciones de España”. CSIF espera que la Junta de Castilla y León no aproveche el cambio normativo para retener la tramitación de jubilaciones parciales y no darlas, “sería ruin e imperdonable”.  La media de las peticiones anuales de jubilación parcial en la Junta de Castilla y León está en torno a 500-700.

 

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