La Comunidad de Madrid insiste en incorporar desde el próximo año los cursos de 1º y 2º de Secundaria a colegios públicos de Infantil y Primaria
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15 de d’octubre de 2024
-El consejero de Educación, Ciencia y Universidades lo ha anunciado hoy durante su visita al CEIPSO Salvador Madariaga de Daganzo de Arriba.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, quiere denunciar la insistencia de la Comunidad de Madrid para incorporar a los Centros Públicos de Infantil y Primaria (CEIP) los cursos de primero y segundo de secundaria (ESO).
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades está trabajando en ello para que esta medida entre en vigor el próximo año escolar 2025/26 en colegios públicos de Infantil y Primaria de toda la región.
Para ello, técnicos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades están desembarcando en los centros para estudiar la viabilidad de esta implantación inmediata en centros que ya cuenten con las infraestructuras adecuadas o puedan adaptar fácilmente sus instalaciones para acoger las nuevas clases y tengan jornada partida.
Por supuesto, con el "mantra" bien aprendido: “Estamos convencidos de que estas medidas nos van a ayudar a combatir el abandono escolar, mejorar el rendimiento de los alumnos, su descanso o sus hábitos de alimentación, así como luchar contra la soledad, las adicciones o la posible influencia de las bandas juveniles”.
Sin embargo, el consejero de Educación sigue sin llamar a negociar las posibles modificaciones en las condiciones laborales que estos cambios van a conllevar o para analizar si legalmente se puede crear un Centro de infantil, primaria y secundaria obligatoria (CEIPSO) incompleto (la norma actual solo permitiría ciclos completos de 1º a 4º ESO) y qué consecuencias en las plantillas podrían desencadenarse.
Por todo ello, volvemos a apelar al sentido común de la Administración Educativa, y exigimos conocer de primera mano los detalles de todos estos planes y poder, al menos, negociar todas las cuestiones que afecten a las condiciones laborales de los docentes y que puedan generar efectos indeseables en las actuales plantillas de los centros.
Cualquier cambio en este sentido, sin el consenso de los trabajadores docentes, está abocado al fracaso.