Expresamos preocupación por el aumento de la agresividad hacia los profesionales sanitarios en el SERMAS. Es importante destacar la necesidad de tomar medidas para evitar la agresión física y verbal en su lugar de trabajo. Insistir en que los profesionales sanitarios son una autoridad y debe ser obligatorio por parte de la Administración el generar espacios laborales seguros y respetuosos para nuestros profesionales.

 

Es fundamental la creación y desarrollo de una Ley que recoja y reconozca como delito, la agresión tanto física como verbal a los profesionales del SERMAS en su lugar de trabajo que condene estos actos y sancione duramente a los agresores. En relación a esto, proponemos una modificación legislativa del artículo 550.1 del Código Penal en la que se regule la agresión ante un empleado público, término que ampararía a todos, y no solo al funcionario sanitario. De esta manera, se proporcionará un respaldo jurídico a todos los profesionales del ámbito sanitario.

 

Es necesario actuar sobre la causa que origina esta violencia, lograr una gestión eficaz que sea clave para erradicar estas actuaciones y aportar mayor calidad asistencial. Proponemos una mejor planificación y organización sanitaria con un aumento de las plantillas junto con un presupuesto acorde a las necesidades reales del SERMAS.

 

Habría que implicar también a los centros educativos y medios de comunicación, a través de campañas de concienciación junto con medidas de rehabilitación y corrección de conductas del agresor, El próximo 25 de mayo entra en vigor en España el Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y esperamos que se implementen medidas más eficaces para erradicar la violencia en el entorno laboral sanitario.

 

Desde CSIF, solicitamos que se implementen medidas de protección y prevención, como la contratación de personal de seguridad en los centros de Atención Primaria, Especializada y SUMMA 112, (priorizando los más conflictivos la instalación de botones ‘SOS’, mayor formación en los centros de trabajo a los profesionales sobre agresiones, mayor presencia de interlocutores policiales en centros sanitarios, respaldo jurídico y apoyo psicológico a los/as profesionales agredidos.

 

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