CSIF denuncia el malestar por el examen del Cuerpo A2-01 de la Generalitat que supondrá una pérdida de calidad en el servicio
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16 de d’abril de 2024
El sindicato señala que se inscribieron alrededor de 4.000 personas a una prueba con preguntas de normativa alejada del día a día y con numerosas incoherencias
CSIF denuncia que el examen de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo A2-01 de la Generalitat destinado a estabilización ha generado un elevado malestar por su diseño y contenido. La central sindical recalca que las preguntas largas, con incoherencias o de normativa que apenas se aplica en la Administración, parecían tener como objetivo “más desestabilizar que estabilizar” y derivará “en una merma de calidad con la pérdida de experiencia”.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que el examen desarrollado el pasado sábado corresponde a las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo A2-01 Superior de Gestión de Administración General de la Administración de la Generalitat. Alrededor de 4.000 personas se inscribieron para esta convocatoria que oferta 34 plazas y que forma parte del denominado proceso de estabilización, destinado a acabar con la precariedad en el personal que durante años ha sostenido la estructura de la Generalitat.
El sindicato lamenta las incoherencias en las preguntas, con una extensión excesiva en numerosos casos, generadas con diferentes patrones e incidiendo en normativa y legislación que no forma parte del día a día de la Administración, entre otras cuestiones. A la elevada dificultad se sumaba su carácter alejado de la práctica y de la labor habitual para atender las necesidades de la ciudadanía.
La central sindical recalca que el contenido de esta prueba supone una incongruencia, ya que “incumple el objetivo de estabilización”, y perjudica al funcionariado “con preguntas rebuscadas de normativa alejada de la que se aplica en las labores diarias del colectivo de trabajadores de la Generalitat”.
El sindicato hace hincapié en que este tipo de examen deriva en una “pérdida de calidad en la prestación de los servicios”, ya que, en la práctica, debido a su dificultad, supondrá que la Generalitat “desaprovechará la experiencia de personal que lleva años demostrando su capacidad”.