CSIF reclama una norma restrictiva y de mayor rango que impida que la decisión sobre el uso de los móviles en las aulas recaiga en los centros educativos

SIF, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en Córdoba y en Andalucía, considera que la instrucción de la Junta de Andalucía sobre el uso de los móviles en los centros educativos “supone un escaso avance” en la regulación de la utilización de estos dispositivos y exige “una norma de mayor rango y más restrictiva que impida que la decisión recaiga en los centros".

Así lo reclama el responsable de CSIF Educación Córdoba, Antonio Pachón, quien subraya que la instrucción publicada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional “sigue siendo insuficiente y con poca entidad” para cumplir el objetivo de “reducir el continuo aumento de episodios de conflictividad y ciberbullying que se sufren en las aulas, entre otras cuestiones”. La citada norma limita el uso de los móviles durante la jornada escolar, pero la central sindical denuncia su “exiguo rango legal”, al tratarse de “una simple instrucción”.

En cuanto a su contenido, Pachón apunta que la instrucción es “tibia y poco ambiciosa” porque “lo que el profesorado necesita no es una limitación, puesto que tal limitación ya existe en los centros, sino una prohibición con carácter general del uso de los móviles y que, de forma excepcional atendiendo a la autonomía del centro, se permita su uso para fines educativos”. 

Asimismo, el representante de CSIF se muestra muy crítico con la implementación de formación del profesorado a la que alude la instrucción. “Los conflictos que surgen en las aulas como consecuencia del uso indebido de los terminales móviles no se solucionan con más formación dirigida al profesorado”, destaca Pachón, quien recuerda que “el colectivo docente es uno de los más formados y el que más mérito tiene pues, a diferencia de otros sectores profesionales, lo hace prácticamente fuera de su horario laboral”.

En este sentido, el responsable de CSIF Educación Córdoba insta a las administraciones autonómica y nacional a “que hagan un análisis amplio de la cuestión y determinen qué medidas se deben poner en marcha para solucionar estos problemas sociales que tienen su reflejo en las aulas”.

En este sentido, exige incrementar la plantilla docente y dotar adecuadamente los centros con perfiles profesionales como orientadores o educadores sociales, al tiempo que ha abogado por reducir el horario lectivo del profesorado, entre otras cuestiones, “y no focalizar la cuestión en la formación, porque de este modo se puede dar a entender que el problema y la solución está en el profesorado, cuando este tema requiere una lectura más amplia y la adopción de medidas más contundentes”.

 Igualmente, CSIF reclama “autoridad para el profesorado para garantizar la aplicación de la norma”, ya que “los docentes afrontan a diario situaciones muy difíciles por falta de apoyo jurídico, como por ejemplo familias que no aceptan que el profesor retire el móvil a alumnos que entorpecen la convivencia”. “Hay que ser más contundentes y que se prohíban de forma general los dispositivos móviles en los centros educativos y de forma excepcional se posibilite su uso cuando lo determinante el equipo docente para fines educativos”, concluye Pachón.