Miles de funcionarios de Justicia exigen al Gobierno que negocie una mejora de sus condiciones laborales: Masiva manifestación en Madrid

Decenas de miles de funcionarios de Justicia procedentes de toda España han vuelto a colapsar las calles de Madrid en una gran manifestación para exigir al Gobierno un incremento salarial en relación con las funciones que este colectivo realiza a diario. La marcha comenzó a las 12.00 horas enfrente del Ministerio de Justicia y concluyó en la Secretaría General de Función Pública.

La segunda protesta multitudinaria en la capital (la primera se celebró el pasado 19 de abril) ha sido convocada nuevamente por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- junto a STAJ, CCOO y UGT, y ha coincido con el cuarto día de paro general de la Justicia, que también ha registrado un nuevo éxito de participación, con un seguimiento del 85 por ciento.

Esta manifestación se suma a las protestas que comenzaron el pasado lunes con una concentración ante el Ministerio de Hacienda y que continuaron el martes con otra protesta, en esta ocasión delante del Congreso de los Diputados. La semana de movilizaciones finalizó el viernes 26 de mayo, con otra concentración nuevamente enfrente del Ministerio de Hacienda en la calle de Alcalá.

El silencio de las ministras de Justicia y de Hacienda, Pilar Llop y María Jesús Montero, después de un mes de movilizaciones es absolutamente indignante, inaceptable e inaudito. El presidente Pedro Sánchez también es responsable porque no ha respondido a la carta enviada por el comité de huelga que representa al 93 por ciento de la plantilla de Justicia, emplazándole a intervenir ante la incapacidad demostrada por sus dos ministras.

Mientras, el primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios/as de Justicia ha provocado ya la suspensión y aplazamiento de más de 600.000 juicios y la paralización de 40 millones de actuaciones judiciales. Esta situación ya está provocando elevadas pérdidas económicas y un perjuicio a la ciudadanía difícil de remediar por la acumulación de casos retrasados.

Consideramos indecente e inexplicable para la opinión pública que el Ministerio de Justicia siga sin sentarse a negociar en lo que es ya un verdadero conflicto social de incalculables consecuencias. Ya son millones de personas las que se están viendo afectadas en la práctica paralización de sus asuntos judiciales y del registro civil, por la actitud intransigente del Gobierno en general y de la ministra Llop en particular, carente de voluntad de diálogo en contra de lo que manifiesta públicamente; que solo se sienta a negociar con los cuerpos de mayor titulación, ignorando y despreciando al resto.

El pasado martes se firmó el acuerdo que puso fin al conflicto abierto con jueces y fiscales sin que este colectivo haya tenido que realizar ni un solo día de huelga, lo que contrasta con la ausencia de negociación con los funcionarios. Esta circunstancia pone en duda la apuesta por el diálogo y por los servicios públicos del que hace gala este Gobierno y pone en tela de juicio su credibilidad ante los millones de ciudadanos afectados por este conflicto.

Ya no hay ninguna excusa: tienen que sentarse a negociar la mejora retributiva de todo el personal; tienen que sentarse a negociar un nuevo catálogo de funciones de cada cuerpo funcionarial para adaptarlas a la realidad y mejorar así el servicio público reconociendo nuestra profesionalidad; tienen que negociar el contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa porque afecta a nuestras condiciones de trabajo, y tienen que aprobar, previa negociación, el Real Decreto que desarrolle la carrera profesional, un derecho reconocido desde hace cuatro años y medio en la LOPJ que también se nos deniega incumpliendo la Ley.

El fin de la huelga indefinida está en manos de los responsables ministeriales de Justicia y de Hacienda y, ante su incapacidad, en manos del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez que debe actuar de inmediato y al que exigimos intervenir para abrir la negociación que pueda poner fin a este conflicto.