CSIF denuncia el perjuicio para la Administración de Justicia al quedarse sin cubrir las bajas por incapacidad temporal

     La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada ha manifestado su profunda preocupación ante la no cobertura de las bajas por incapacidad temporal (IT) por parte de personal interino en la Administración de Justicia, una situación “que se viene produciendo desde el mes de noviembre y que responde a la ineficiente gestión de la partida presupuestaria anual destinada a este fin”.

      La responsable del sector de Justicia de CSIF Granada, Silvia Martín, ha indicado que “esta decisión se ha ocultado por la Consejería de Justicia y afecta gravemente al adecuado funcionamiento del servicio público de justicia en Granada, contradiciendo los principios y objetivos que la misma Consejería promueve públicamente”. “Parece que las declaraciones del consejero de Justicia en el compromiso con el ciudadano no se reflejan en acciones reales, demostrando una falta de interés por los usuarios de la administración de justicia”, recalca la responsable sindical.

Martín ha subrayado que “la falta de previsión en esta gestión presupuestaria va a generar una grave deficiencia de personal en los órganos judiciales, puesto que existen puestos de trabajo que llevan en algunos casos dos meses sin cubrirse, y ahora se sumarán otros dos meses en los que numerosos expedientes judiciales permanecerán paralizados, algo que tendrá un impacto negativo tanto para los trabajadores como para la ciudadanía en general, quienes verán los servicios judiciales ralentizados y menos eficaces”.

CSIF Justicia Granada considera que “la insuficiente asignación presupuestaria, aceptada sin cuestionamiento por la Junta, junto con la ineficiente gestión de los recursos presupuestarios conducirán a una limitación drástica en los nombramientos de personal interino para cubrir las bajas por enfermedad, lo cual tiene varias implicaciones negativas”. El sindicato advierte de que “la falta de personal incrementará la ya elevada carga laboral del personal judicial restante, quienes se verán forzados a asumir tareas adicionales que son totalmente inasumibles, una presión continua que causan estrés laboral y desgaste emocional y físico, afectando gravemente la salud y el bienestar de los trabajadores”.

En relación a la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía, Silvia Martín ha indicado que la reducción de la plantilla disponible conlleva a un servicio más lento y menos eficaz, y aumenta aún más los retrasos en la tramitación de los expedientes judiciales”. A su juicio, “esto es especialmente grave en un sector esencial como la Justicia, donde el tiempo de respuesta y la calidad de la atención son críticos, además de que la falta de personal y la consiguiente paralización de servicios impiden satisfacer las necesidades de los usuarios, afectando directamente su calidad de vida y bienestar general”.

Para CSIF, “la ausencia de nombramientos de personal interino no es solo una medida de restricción en el gasto público, sino una clara negligencia por parte de la Consejería de Justicia en la administración de los recursos asignados, recursos que deberían garantizar la continuidad y eficiencia del servicio público de Justicia en su máxima capacidad. La central sindical añade que “esta deficiente gestión y la falta de personal deterioran la percepción ciudadana sobre la calidad y eficiencia de los servicios públicos, dañando la imagen de la Administración de Justicia”.

Desde CSIF se ha solicitado que, de forma urgente, la Consejería de Justicia solicite una ampliación presupuestaria extraordinaria para asegurar, hasta final de año, la cobertura de bajas por enfermedad mediante personal interino, lo que permitirá garantizar un servicio de calidad, continuo y en línea con los principios de equidad y eficiencia que debe promover la Administración de Justicia”. “Igualmente desde CSIF hemos exigido, además, la autorización inmediata para el llamamiento de personal interino que cubra estas ausencias y asegure el buen funcionamiento de los servicios judiciales”, concluye Martín.