CSIF rechaza la privatización del servicio de Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de Iznalloz

El sector de Administración Local de CSIF Granada ha rechazado de plano el “cese irregular” de las 19 trabajadoras que tiene el servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Iznalloz, tras llevar años atendiendo las necesidades de las personas dependientes de esta localidad. El sindicato denuncia que esta decisión, adoptada por la Administración Local de forma unilateral, ahondará en el empeoramiento de las condiciones laborales de la plantilla y de las condiciones del servicio que será privatizado a partir del 7 de mayo.

El responsable de Administración Local de CSIF Granada, Ignacio Conde Pipó, ha criticado esta medida, que pone “en venta” un servicio público dirigido a mayores, personas con discapacidad y dependientes y lo hace además “con falta de información y sin diálogo ni con las trabajadoras afectadas ni con los representantes sindicales”.

Conde Pipó ha reclamado a la Administración Local que apueste por la mejora de las condiciones laborales del colectivo y del servicio que recibe la ciudadanía, en vez de por su precariedad y externalización, sobre todo “tras haber hecho un sobresfuerzo durante la pandemia para que a ningún mayor y a ningún dependiente le faltase ayuda”. Además, ha remitido un escrito al equipo de gobierno para recordarle que de acuerdo a la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, “debe estabilizar esas plazas, incluyéndolas dentro de una Oferta Especial de Empleo, pasando a ser prestadas por personal fijo”.

La localidad de Iznalloz tiene una población muy envejecida y unas elevadas tasas de dependencia “con más de medio millar de residentes dependientes y el servicio de ayuda a domicilio es un instrumento básico asistencial para los mayores de la localidad”, ha argumentado el responsable sindical.

Exigencia de responsabilidad legal
El sector de Administración Local del sindicato también ha lamentado la negativa del equipo de gobierno de reunirse con los responsables sindicales para encontrar una solución a esta “gravísima” situación y recuerda la obligatoriedad que tiene la Administración Local respecto al cumplimiento de la ley de estabilización del empleo temporal, “cuya aplicación no es voluntaria sino de carácter necesario y su omisión o incumplimiento podría derivar en la exigencia de responsabilidades”, una vía que el sindicato mantiene abierta a través de su asesoría jurídica, que no descarta solicitar la declaración de la nulidad del cese de las trabajadoras.

Tal como explica el responsable sindical, esta Ley establece una “tasa adicional para la estabilización del empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020”. La propia Secretaría de Estado de Función Pública, a través de una resolución de abril de 2022 “aclara que son plazas de naturaleza estructural aquellas relativas a funciones recurrentes que se integran en la actividad ordinaria y normal funcionamiento de la Administración, incluyendo plazas ligadas a programas. Por ello, la situación actual de estas trabajadoras que son funcionarias interinas es irregular y no pueden ser cesadas hasta que se provean las plazas mediante el proceso selectivo correspondiente”, aclara el responsable sindical.