CSIF denuncia la “inoperancia” de la Junta con los concursos de traslados de sus funcionarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que los funcionarios de la administración general, especial y sanitarios de la Junta de Castilla y León “están siendo castigados, al servicio de una administración autonómica incapaz de establecer un sistema de movilidad acorde con los tiempos en los que estamos, y que sí tienen los empleados públicos de otros sectores y administraciones”.

Desde CSIF exigen al consejero de la Presidencia que, “por justicia y equidad”, impulse un acuerdo definitivo para implantar un concurso de traslados abierto y permanente que se convoque, al menos, de forma anual. Consideran que este compromiso debería estar cerrado antes de la próxima cita electoral en la Comunidad.

La polémica se aviva en vísperas de que este miércoles se publique la resolución provisional del concurso de traslados para funcionarios de la Administración General de la Junta, un proceso muy esperado por miles de trabajadores públicos. En esta convocatoria se han registrado 4.742 solicitudes, de las cuales 4.622 corresponden a personal de la propia Junta y 120 a empleados de otras administraciones.

No obstante, el sindicato lamenta que esta convocatoria no responde a una iniciativa política del Gobierno autonómico, sino que ha sido forzada por la vía judicial.

Fue precisamente CSIF quien impulsó esta acción legal, tras presentar una denuncia ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Valladolid el pasado 4 de mayo de 2024 (VER DOCUMENTO RELATIVO AL CONTENCIOSO).

 ¿Por qué la Junta no convoca concursos anualmente?, se pregunta CSIF, que considera que esta negativa permite al Gobierno autonómico “manejar de forma discrecional las plazas vacantes, vulnerando los principios constitucionales de igualdad,

mérito y capacidad”.

También se han detectado situaciones irregulares, según CSIF, como la contratación de interinos en puestos de jefe de sección o jefe de área, en lugar de recurrir a funcionarios cualificados de esas mismas secciones o áreas en comisión de servicios.

“Esto, con la convocatoria del concurso abierto y permanente con periodicidad anual no se produciría nunca”, asegura.

Para CSIF, esta actitud no solo supone un agravio comparativo con otros empleados públicos, sino que además repercute directamente en la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía.