Formación Continua en las AA.PP.
- Formación
- Formación CSIF específica
- Otra formación
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Estatutario
- Eventual
- Funcionario
- Funcionario en prácticas
- Interino
- Laboral
17 de de març de 2016
Formación de los empleados públicos en 2016.
CSI·F ha participado durante 21 años como firmante y promotor en todos los acuerdos de formación para empleados públicos desarrollando, junto con el resto de OOSS, una labor de formación y capacitación que ha llegado a millones de empleados públicos. Esta formación ha facilitado la mejora de la cualificación y de las competencias profesionales y se ha convertido, al mismo tiempo, en un importante elemento motivador y de desarrollo, tanto de los empleados como de la propia administración y, por lo tanto, de los servicios a la ciudadanía. Tal y como recogen los distintos acuerdos, (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, de 19 de Julio de 2013, AFEDAP) esta formación contribuye de forma directa al incremento de la productividad de cada empleado y de la organización en su conjunto, siendo ese un objetivo esencial para alcanzar los niveles de competitividad a los que debe aspirar un país como el nuestro, en el marco de la Unión Europea y en la dinámica de la globalización.
Los empleados públicos han participado en esta modalidad de formación a raíz del Acuerdo Administración-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994. Desde entonces, se han suscrito tres acuerdos sobre formación continua, caracterizados por la corresponsabilidad de las Administraciones Públicas y la participación de los agentes sociales en el diseño e implantación de la formación continua, desarrollando un modelo de gestión basado en la concertación social y en el desarrollo de instituciones paritarias sectoriales y territoriales, que han contribuido a mejorar cada vez más el sistema de formación de los empleados públicos. Estos acuerdos han ido evolucionando a lo largo de su existencia, modificándose para adaptarse a las nuevas circunstancias políticas y sociales, con la finalidad de hacer un sistema cada vez más transparente y eficaz en la formación de los empleados públicos.
Los beneficios de este sistema de formación han sido divulgados y elogiados en distintos contextos nacionales e internacionales, llegando a ser asumidos por administraciones de otros países como modelo a seguir.
A pesar de todos los aspectos positivos, en el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita, suscrito el 29 de julio de 2014, por el Gobierno y los interlocutores sociales (CCOO y UGT) se pone de manifiesto la voluntad de transformar el sistema de formación profesional para el empleo, sobre la base de los principios acordados en la Mesa de Diálogo Social, constituida al efecto, y se comprometieron a la firma del V Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo y a realizar las modificaciones normativas que permitan la evolución del sistema y su adecuación a las necesidades actuales.
De conformidad con dicho planteamiento de actuación, la convocatoria de 2015 de financiación de planes de formación en el marco del AFEDAP, se enmarcó en un escenario de transición hacia el nuevo modelo de formación profesional para el empleo e incorporó algunas novedades en relación con convocatorias anteriores. Así, se llevaron a cabo mejoras técnicas en relación con la certificación de la representatividad de las organizaciones sindicales promotoras y la acreditación de su capacidad organizativa y técnica y se determinó un baremo de valoración de sus solicitudes que desarrollaba los criterios de valoración previstos y con una ponderación de los aspectos cualitativos con incidencia en la cuantificación de la correspondiente subvención; se establecieron mejoras en relación con el régimen de modificaciones de los planes; se profundizó en las aspectos relativos a las obligaciones de los promotores que permitieron el adecuado seguimiento y control de sus actividades; se redujo el límite previsto para los gastos generales, y se recogía expresamente el régimen de incompatibilidades de las subvenciones convocadas.
A partir de aquí y en la línea de seguir cambiando acuerdos que han funcionado durante más de 20 años y que se caracterizan por su eficacia y transparencia, el gobierno ha publicado Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, donde se recoge un nuevo sistema de formación para empleados públicos. A pesar de que en esta ley se reconoce que “el Sistema de Formación ha sido un modelo de gestión compartida entre las Administraciones públicas (Administración General del Estado y comunidades autónomas) y los interlocutores sociales, que ha permitido avanzar en la mejora de las competencias profesionales de los trabajadores y la competitividad de las empresas españolas, se excluye a los Agentes Sociales de la ejecución y realización de actividades formativas, ya que impide a las Organizaciones Sindicales seguir siendo promotores de formación y ofrecer nuestra experiencia al servicio de la formación de los empleados públicos. Por tanto, CSI·F no puede ofertar, en ninguna modalidad, cursos de formación para empleados públicos.
A partir de ahora, todos los cursos que se realicen al amparo del acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP) serán gestionados e impartidos por las propias Comunidades Autónomas y destinados a personal de su propio Ámbito Geográfico. CSI·F estará presente en esta negociación, ejerciendo nuestra responsabilidad y poniendo a disposición de los empleados públicos toda nuestra experiencia, para garantizar que estos planes de formación se lleven a cabo de una manera eficiente y siempre en relación con las necesidades reales de formación de estos trabajadores.
Desde CSI·F, lamentamos esta situación y esperamos que el nuevo sistema sea capaz de responder, con las mismas garantías, profesionalidad y transparencia, a las necesidades reales de formación. Al mismo tiempo, ponemos a disposición de todos los empleados públicos nuestra experiencia para seguir garantizando que la formación, de calidad y adaptada a las necesidades de los trabajadores, siga siendo un derecho de los empleados públicos.