El personal administrativo de la administración, ese gran desconocido

Tramitar de expedientes (gasto, contratos, personal, certificados...), prestar atención al ciudadano, gestionar citas, manejar archivos y documentación, ofimática y tratamientos de texto, grabar y mantener bases de datos y muchas otras funciones derivadas del trabajo dentro de un equipo, son sólo una pincelada de las funciones de los empleados públicos del grupo administrativo. Son funciones y tareas poco llamativas, pero que permiten el funcionamiento de los centros públicos, convirtiéndose en imprescindibles para los usuarios, puesto que facilitan la relación de los ciudadanos con la administración. CSIF considera imprescindibles estas funciones para la buena organización y el buen funcionamiento de los servicios públicos. Pensar que las competencias de los administrativos y auxiliares administrativos se reducen a "pasar escritos a máquina" es ser un ignorante y desconocer las funciones que realiza.

Si vamos a cualquiera de los registros de la Junta, nos atiende un administrativo. Si acudimos al centro de salud a pedir cita o a urgencias, quien nos recibe y orienta es personal administrativo. El informe de salud que nos llega a casa, ha sido transcrito por personal administrativo. En los servicios territoriales, el primer contacto suele ser con personal administrativo. Formalizar una matrícula en la escuela de idiomas o cualquier colegio o instituto público, requiere de la atención de este personal.

Hay que hacer mención a la muy delgada línea que separa las funciones del auxiliar administrativo con el administrativo, tan delgada que intercambian habitualmente funciones, y el auxiliar cubre las ausencias del administrativo sin recibir ninguna compensación. No es extraño que el auxiliar desarrolle labores más propias del cuerpo de gestión que del cuerpo administrativo.

La propia administración debe poner en valor a estas empleadas y empleados públicos, reconociendo su labor ante los ciudadanos y usuarios. Sin embargo, la Administración de Castilla y León ha decidido que el personal administrativo (en las categorías de auxiliares administrativos y administrativos) tiene poca utilidad.

Actualmente, los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Castilla y León están pendientes de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Adecuar los puestos de trabajo es necesario, puesto que las actuales RPTs cumplen más de 20 años en la mayoría de los casos y ya están desactualizados. CSIF exige una modificación real, es una gran ocasión para que la Junta de Castilla y León permita una mejora laboral y el reconocimiento de este colectivo de profesionales.

Los centros de trabajo de la Junta de Castilla y León cuentan en Valladolid -incluyendo colegios e institutos- con 1.358 auxiliares administrativos y 1.422 administrativos. Según los datos con los que cuenta CSIF, estos funcionarios de la administración autonómica desaparecerán en poco más de 10 años. La falta de ofertas de empleo público y las jubilaciones masivas en los últimos años, supondrán una reducción de entre 1.200 a 1.500 auxiliares de la Junta. En los centros de salud y hospitales de Valladolid trabajan 564 auxiliares administrativos y 102 administrativos. 

En el caso concreto de Sacyl, además de la paulatina reducción de efectivos de este personal en los equipos sanitarios, es necesario destacar las discriminaciones que esta administración hace entre los administrativos y trabajadores de otras categorías en el cobro de acumulaciones y excesos de jornada. Otro gran problema a destacar es la sobrecarga de trabajo que genera la gestión de tarjetas sanitarias para los administrativos de Atención Primaria.

Tanto la Junta como el propio Sacyl están cometiendo el tremendo error de reducir el número de plazas en plantilla o dejar plazas vacantes. CSIF denuncia que existe una extrema necesidad y esta mala gestión perjudica el servicio público, perjudica a los usuarios, altera y reduce la calidad del servicio que se presta, deteriora los equipos de trabajo, sobrecarga el sistema y minusvalora su labor, la de un personal con alta cualificación, pero con un sueldo precario, puesto que el auxiliar es uno de los cuerpos que menos cuesta en salarios a la Administración.

 

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