CSIF exige al Ministerio garantías reales y efectivas para la protección de la salud en la aplicación de medidas organizativas en Justicia

Las administraciones públicas deben ser un ejemplo y garantizar por todos los medios la seguridad de la ciudadanía y de sus plantillas

CSIF, como agente activo de la sociedad civil y organización mayoritaria en la Administración de Justicia, va a seguir trabajando y ofrece su mano tendida al Ministerio para que la reincorporación presencial del conjunto de empleados púbicos se haga con las máximas garantías.

En la reunión celebrada ayer, 23 de abril, con el Ministro de Justicia CSIF dejó claro que cualquier plan de reactivación o de agilización de la Justicia debe ir acompañado de un plan real y efectivo de protección de la salud del personal. El Ministerio de Justicia debe garantizar una protección eficaz en materia de prevención y salud en el trabajo, conforme establece el artículo 14 de la LPRL. Para CSIF, en estos momentos esa protección eficaz incluye:

• la realización de test fiables para todo el personal que se incorpore al puesto de trabajo;
• un suministro estable de EPIS suficientes y adecuados (macarillas, guantes, geles, jabón, toallas de papel, mamparas etc…) para todo el personal de la Administración de Justicia, público y profesionales.

En el día de ayer el Ministro presentó tres propuestas organizativas que pretende poner en marcha la próxima semana cuando aún está en marcha el estado de alarma con la intención de prorrogar su implantación durante los 3 meses siguientes a la finalización de dicho estado de alarma y sin que, en ningún momento se mostrara abierto a negociar los detalles de estas medidas pretendiendo forzar un consentimiento sindical con la promesa de que, esos detalles, se iban a negociar en cuanto se publique el Real Decreto Ley que incorpore esas medidas el próximo martes. Esas propuestas son:

• Turnos de tarde y mañana para asegurar la distancia mínima de 2 metros. La jornada de tarde se ofrecería voluntariamente y, en el caso de que no hubiera suficientes voluntarios, se establecería de forma obligatoria.
• Habilidad del mes de agosto o de parte del mismo
• Movilidad forzosa dentro de la misma jurisdicción y localidad.

Además, en ningún momento el Ministerio presentó un plan para garantizar la protección eficaz de la salud de los trabajadores que se tendrían que incorporar a su puesto de trabajo tras dicha aprobación.

Para CSIF, no se puede pretender imponer, a toda prisa, de forma unilateral unas medidas que afectan a las condiciones de trabajo del personal cuando, además, desde hace tres semanas CSIF viene pidiendo, precisamente, la convocatoria de la mesa de negociación sin que se haya recibido respuesta alguna por parte del Ministerio.

Los funcionarios de Justicia quieren volver a trabajar, pero lo quieren hacer de forma segura. Los funcionarios de Justicia están cumpliendo escrupulosamente con su obligación con los servicios esenciales fijados por el propio Ministerio de Justicia y por el CGPJ desde la declaración de estado de alarma y lo han hecho, a pesar de la escasez de medios de protección como ha denunciado CSIF.

Los funcionarios/as de Justicia son los primeros en ser conscientes de la gravedad de la situación que se avecina. Muchos de ellos ante la falta de medios materiales de la Administración por una mala planificación, están dispuestos a prestar sus equipos informáticos voluntariamente para “teletrabajar” desde sus domicilios y empezar a reactivar la Justicia.

Por ese motivo, además de las más que oportunas y necesarias palabras de reconocimiento, los funcionarios/as de Justicia merecen que se les garantice de forma real y efectiva su derecho a la protección a la salud (que además coincide con el objetivo de protección de la salud pública frente al coronavirus) y que se respete su derecho a participar en el diseño, implantación y seguimiento de los planes de agilización y medidas organizativas que se propongan.