La modificación de la ley del Registro civil entra en el Senado

Tal y como han venido exigiendo miles de funcionarios de Justicia en los últimos 10 años, el texto recoge un modelo de Registro civil dentro de la Administración de Justicia y gestionado por personal de Justicia.  

 

El texto contiene novedades, introducidas en el propio debate de la Comisión de Justicia y que se han hecho públicas hoy, como la posibilidad de delegación de las funciones del Encargado que, para CSIF no deja de ser un parche que impide el desarrollo profesional del personal de los Registros civiles y que, en todo caso, debe quedar perfectamente delimitada y conllevar el reconocimiento laboral y retributivo correspondiente.

CSIF denuncia la falta de voluntad de negociación mostrada por el Ministerio de Justicia en todo el proceso de tramitación de la proposición de ley y anterior al misma. Tan sólo una reunión informativa en la que se distribuyó una presentación en pdf sobre el modelo y bosquejo de programación de la implantación del nuevo modelo.

 

CSIF lamenta que la reforma no reconozca el papel esencial del personal de los Cuerpos Generales de Justicia en la llevanza Registro civil hasta ahora. La ley atribuye la función de Encargado sólo a los LAJ despreciando la importancia del potencial de los Gestores (equivalente a un A2 de la Administración) y de su experiencia acumulada en la llevanza de los Registros civiles.

 

Por otro lado, CSIF se opuso desde el primer momento a la Ley 20/2011 en su redacción original y recuerda al Ministerio de Justicia el acuerdo firmado en 2014 por el que se salvaron los Juzgados de Paz y Agrupaciones como centro de destino de la Administración de Justicia y el compromiso de potenciar sus funciones.  Para CSIF, lamentablemente la redacción aprobada en la Comisión de Justicia plantea dudas sobre el cumplimiento de este compromiso:

 

• No queda clara la adscripción de las oficinas colaboradoras (en las que se van a transformar los Juzgados y Agrupaciones de Paz con personal de Justicia) como parte del Registro civil. (art. 20)
• Las funciones que se les atribuyen a estas oficinas son meramente instrumentales y, en todo caso, de menor entidad que las que se están realizando, en la actualidad, por los Juzgados de Paz y Agrupaciones al vetarles la realización de inscripciones o tramitar algunos expedientes (Disposición Adicional 5ª). Si se apuesta por un Registro civil próximo al ciudadano, la regulación debe ser acorde con ese principio.
• Curiosamente, en la proposición de ley orgánica de modificación de la LOPJ para adaptarla al nuevo modelo de Registro civil no se modifica el artículo 521 estableciendo como centros de destino las oficinas generales, central y oficinas colaboradoras.

 

Por otro lado, CSIF denuncia la politización del Registro civil a través de la introducción del nombramiento de encargados de los Registros civiles central y exclusivos por el sistema de libre designación. Un sistema de designación que no aporta nada a la mejor llevanza de los Registros civiles para la que, por otro lado, existe la alternativa de los puestos singularizados donde de forma objetiva se valoran los méritos (conocimientos y experiencia) de los candidatos.  Asimismo, CSIF rechaza la regla general de compatibilidad de funciones de Registro civil con funciones jurisdiccionales que, incluso, se establece para las oficinas herederas de los Registros civiles exclusivos.

 

Finalmente, CSIF exige que la obligación de establecer planes de formación específicos se extienda a todo el personal de los Registros civiles y no sólo a los Encargados, así como que se considere situación de servicio activo todos los puestos de trabajo del Registro civil.

 

CSIF va a seguir luchando por el reconocimiento laboral y retributivo de TODO el personal de Justicia en los Registros civiles porque, sin duda, es la única forma de prestar el mejor servicio público posible a los ciudadanos sin olvidar que, para que el Registro civil funcione de forma óptima, hace falta un compromiso real y efectivo de carácter presupuestario por parte del Ministerio y del Gobierno.