CSIF exige al Ministerio que abra la mesa de negociación sobre la implantación del Registro civil y de los tribunales de instancia

CSIF solicita a los Grupos parlamentarios que pidan la suspensión de la tramitación de la ley de eficiencia organizativa (en adelante LEO) mientras el Ministerio no desarrolle la negociación colectiva convocando la correspondiente mesa.

 

El modelo que se pretende implantar sin negociación alguna es “austericida” en su concepción al requerir “coste cero” y supone la privatización del servicio público de Justicia.

Se trata de proyectos “a coste cero” en el más puro estilo “austericida” que lleva a la perdición a los servicios públicos y que sumirá a la Justicia en lo más profundo del hoyo en el que se encuentra.

 

Como alternativa, la reforma de los Tribunales de instancia va de la mano de una auténtica privatización del servicio público con la imposición de la mediación obligatoria, esta no es “a coste cero” sino “a costa de los ciudadanos” que deberán abonar dinero de su bolsillo incluso antes de presentar la demanda en el Juzgado. Además, esta mediación y el resto de procedimientos que, de manera cursi, se han dado en llamar en la ley como “MASC”.

 

Otro tanto ocurre con la privatización de la ejecución en favor de los Procuradores. Un proceso en el que, según hemos podido saber, se estaba trabajando en unos grupos de trabajo secretos, amparados por el Ministerio, entre Procuradores y asociaciones de LAJ que, finalmente, han decidido no continuar con estos trabajos, al menos de momento.

 

La implantación del nuevo modelo de Registro civil y de los Tribunales de instancia amenaza directamente a condiciones esenciales de trabajo tales como los destinos, las retribuciones, la jornada laboral, los permisos etc… Para muestra tres botones:

 

• El propio texto de la ley prevé la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia y la imposición de las rpts aunque no se haya negociado su contenido. Es decir, imponer retribuciones (incluidos recortes), jornadas de trabajo, eliminación de puestos singularizados mejor remunerados etc… sin ni siquiera haber iniciado la negociación. Para CSIF se trata del atentado más grave al derecho de libertad sindical y negociación colectiva más grave de toda la democracia.

 

• en las relaciones de puestos de trabajo de los últimos proyectos de implantación de la NOJ, el Ministerio está proponiendo recortar el número de personas que pueden prestar el servicio de guardia sobrecargando de trabajo a quienes queden en este servicio y limitando aún más las escasísimas opciones de cierta promoción profesional en el ámbito de los Juzgados y Tribunales.

 

• El Registro civil se está implantando sin que se conozca ni siquiera el borrador de reglamento donde deberían establecerse las condiciones de delegación de funciones en el personal del Registro y sin que se haya abordado la negociación del modelo de relaciones de puestos de trabajo.

 

CSIF aceptó el reto del Ministerio al inicio de la legislatura y presentó numerosas propuestas de negociación dentro de lo que se denominó Justicia 2030. Siempre hemos defendido que cualquier proceso de reforma debe suponer mejoras en las condiciones laborales y más oportunidades para el personal de Justicia. Lamentablemente el Ministerio no se ha comportado de forma leal y, de no corregirse, nos aboca directamente al conflicto.

 

POr otro lado, nos hemos dirigido a los Consejeros de Justicia de las CCAA con competencias para exigir una reacción ante el Ministerio advirtiéndoles de que, en caso contrario, se convertirán en cómplices de dicha vulneración.  

 

La cogobernanza tiene un coste derivado del dicho “el que calla, otorga”. La actitud pasiva de las CCAA en la conferencia sectorial supone que se hacen corresponsables de la vulneración de ese derecho de negociación colectiva y, en este sentido, no dudaremos en extender el conflicto a sus ámbitos de competencia si no instan al Ministerio a que rectifique.