El Ministerio no presenta un nuevo documento de negociación, pero adelanta algunos avances importantes en la propuesta

Como ya os venimos informando, la LOEO tiene por objetivo modificar la LOPJ para implantar el nuevo modelo organizativo de la Justicia a través de los Tribunales de instancia y sus oficinas judiciales y las oficinas de justicia en el municipio.

Los Tribunales de Instancia se refieren sólo a los Jueces y Magistrados. Estos Tribunales de Instancia se organizarán en secciones relativas a los órdenes jurisdiccionales y a algunas especialidades jurisdiccionales como la mercantil, o la violencia de género o familia.

 

Por su parte, en las oficinas judiciales de los Tribunales de Instancia y en las oficinas de Justicia en el municipio se incluirán los puestos de trabajo del resto del personal de Justicia (LAJ y Cuerpos Generales).

 

Las primeras contarán con dos tipos de unidades: la unidad de tramitación (UTRAM) encargada de la tramitación de los procedimientos desde la demanda hasta sentencia y los servicios comunes (general y de ejecución, básicamente). En ambos casos, la LOEO contempla la posibilidad de crear áreas y equipos.

 

Las oficinas de Justicia en el municipio son las herederas de los Juzgados y Agrupaciones de Paz lográndose así otro de las reivindicaciones de CSIF y del resto de organizaciones sindicales de mantener una Justicia próxima al ciudadano y salvar los destinos del personal destinado en estos Juzgados y Agrupaciones de Paz. En estas oficinas se incluirán las oficinas colaboradoras del Registro civil.

 

Las movilizaciones e iniciativas de CSIF a lo largo de todo el proceso de tramitación del anteproyecto y proyecto de ley de eficiencia organizativa lograron abrir la negociación. En una primera reunión el pasado 13 de diciembre que ha tenido su continuación en una segunda reunión de la Mesa el pasado 11 de enero, una tercera el 16 y una nueva convocatoria para el próximo jueves, 19 de enero.

 

Toda esta intensa acción sindical de CSIF en solitario y conjuntamente con otras organizaciones sindicales de la mesa de negociación, ha ido dirigida a exigir al Ministerio que respetara el derecho fundamental de negociación colectiva en un proyecto de ley que afecta a condiciones de trabajo del personal de Justicia y, especialmente, para denunciar la implantación automática de las relaciones de puestos de trabajo (donde se establecen las condiciones de trabajo básicas de cada puesto) sin garantizar la negociación previa.

 

Además, CSIF presentó enmiendas al proyecto de ley tanto a los Grupos parlamentarios como al Ministerio de Justicia y también a la ley de Presupuestos Generales del Estado con la voluntad de mejorar las condiciones de trabajo establecidas en la LOPJ y que incluyen reivindicaciones históricas del sindicato y con el objetivo de implicar a las administraciones, partidos políticos y grupos parlamentarios en que este proceso de cambio que afrontamos debe incluir como un pilar fundamental del mismo, las mejoras laborales para el personal de Justicia.

 

Conforme a las alegaciones presentadas por CSIF en las reuniones anteriores, el Ministerio de Justicia ya ha aceptado:

 

• una modificación de las Disposiciones Transitorias primera, segunda, cuarta y quinta que elimina la implantación automática de las relaciones de puestos de trabajo y garantiza la negociación previa de las mismas en cada ámbito. Es decir, sin negociación de las relaciones de puestos de trabajo no se podrán poner en marcha los Tribunales de Instancia.

 

• En esas mismas Disposiciones se amplía el plazo de implantación de las oficinas para dar cabida a esa negociación que pasa a ser de 9, 15 y 24 meses en función del número de unidades judiciales de cada localidad (en vez de 3, 6 y 12 meses).

 

• Un calendario de negociación de rpts en el ámbito del Ministerio que comenzaría quince días después de la aprobación de la ley con una frecuencia de reuniones a determinar.

 

• La recuperación del 50% de reserva de plazas de promoción interna.

 

• Procesos de acoplamiento basados en el principio de voluntariedad.

 

• las tres garantías ya firmadas en el acuerdo de 15 de diciembre de 2021 de no amortización de plazas, no merma de retribuciones y no movilidad forzosa y añade una cuarta relativa a la diferenciación de los puestos de trabajo por unidades, servicios y, dentro de ellos, por áreas y equipos.

 

En las alegaciones al último documento del Ministerio, CSIF insistió en la necesidad de que:

 

• exista un compromiso de garantizar, normativamente, la aplicación, en todos los ámbitos, de las cuatro garantías antes citadas.

 

• que exista en la ley una regulación básica de los procesos de acoplamiento y sus fases primando la voluntariedad tanto en los procesos de confirmación en el puesto de trabajo como de elección del nuevo destino.

 

• sin perjuicio de lo que se pueda derivar de la negociación de las rpts en cada ámbito, que se garantice como mínimo la existencia de tantas áreas como secciones haya del Tribunal de instancia para diferenciar puestos a efectos de concurso u otra forma de provisión o nuevo ingreso.

 

• Además, CSIF propone que, sin perjuicio de lo que se pueda derivar de la negociación de las rpts en cada ámbito, por cada 6 unidades judiciales en un Tribunal de Instancia se constituyan como mínimo un área civil y otra penal.

 

• que se establezca un calendario de negociación de las relaciones de puestos de trabajo de los Registros civiles, así como de las oficinas fiscales aplicando las mismas garantías y principios de acoplamiento que para las oficinas judiciales, así como la negociación del Reglamento del Registro civil. En el caso de las oficinas de Registro civil que ya se han puesto en marcha con el nuevo modelo CSIF solicita su negociación en el plazo de dos meses desde la firma del acuerdo.

 

• que se aproveche la ocasión para introducir alguna otra mejora laboral en la LOPJ conforme a las enmiendas presentadas por CSIF al proyecto de ley.