La Justicia se detiene por tercer día consecutivo ante el silencio de Llop y los ciudadanos lo pagan: Cientos de miles de juicios suspendidos y más de 40 millones de actuaciones paralizadas

La tercera jornada de huelga indefinida en la Justicia ha vuelto a registrar un nuevo éxito de participación, con un seguimiento del 85 por ciento por parte de un colectivo muy concienciado con sus reivindicaciones profesionales y que no cejará hasta que el Gobierno se decida a iniciar las negociaciones, como ya ha ocurrido con jueces y fiscales.

 

El silencio de las ministras de Justicia y de Hacienda, Pilar Llop y María Jesús Montero, después de un mes de movilizaciones es absolutamente indignante, inaceptable e inaudito. El presidente Pedro Sánchez también es responsable porque no ha respondido a la carta enviada por el comité de huelga que representa al 93 por ciento de la plantilla de Justicia, emplazándole a intervenir ante la incapacidad demostrada por sus dos ministras.

Mientras, el primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios/as de Justicia ha provocado ya la suspensión y aplazamiento de más de medio millón de juicios y la paralización de 40 millones de actuaciones judiciales. Esta situación ya está provocando elevadas pérdidas económicas y un perjuicio a la ciudadanía difícil de remediar por la acumulación de casos retrasados.

 

Las concentraciones y actos de protesta se extienden por toda España. con miles de trabajadores y trabajadoras indignados/as. Hoy, jueves 25 de mayo y previo al cierre de la campaña electoral, se celebrará una gran manifestación en Madrid que comenzará a las 12.00 horas y transcurrirá desde el Ministerio de Justicia a la Secretaría de Estado de Función Pública. Esta manifestación se suma a otras concentraciones celebradas esta semana frente al Congreso y el Ministerio de Hacienda. Precisamente, este viernes, 26 de mayo, hay prevista una nueva movilización a las 12.00 horas delante del ministerio dirigido por María Jesús Montero.

 

Consideramos indecente e inexplicable para la opinión pública que el Ministerio de Justicia siga sin sentarse a negociar en lo que es ya un verdadero conflicto social de incalculables consecuencias. Ya son millones de personas las que se están viendo afectadas en la práctica paralización de sus asuntos judiciales y del registro civil, por la actitud intransigente, soberbia y clasista de Pilar Llop, que solo atiende las reclamaciones del personal de los cuerpos de mayor titulación, ignorando y despreciando al resto.

 

El martes se firmó el acuerdo que puso fin al conflicto abierto con jueces y fiscales sin que este colectivo haya tenido que realizar ni un solo día de huelga, lo que contrasta con la ausencia de negociación con los funcionarios. Esta circunstancia pone en duda la apuesta por el diálogo y por los servicios públicos del que hace gala este Gobierno y pone en tela de juicio su credibilidad ante los millones de ciudadanos afectados por este conflicto.

 

Ya no hay ninguna excusa: tienen que sentarse a negociar la mejora retributiva de todo el personal; tienen que sentarse a negociar un nuevo catálogo de funciones de cada cuerpo funcionarial para adaptarlas a la realidad y mejorar así el servicio público reconociendo nuestra profesionalidad; tienen que negociar el contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa porque afecta a nuestras condiciones de trabajo, y tienen que aprobar, previa negociación, el Real Decreto que desarrolle la carrera profesional, un derecho reconocido desde hace cuatro años y medio en la LOPJ que también se nos deniega incumpliendo la Ley.

 

El fin de la huelga indefinida está en manos de los responsables ministeriales de Justicia y de Hacienda y, ante su incapacidad, en manos del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez que debe actuar de inmediato y al que exigimos intervenir para abrir la negociación que pueda poner fin a este conflicto.