El Gobierno aparca el decreto sobre Requisitos de Centros Escolares ante las críticas de la comunidad educativa

El Gobierno ha decido retirar el decreto ley de Requisitos Mínimos de los Centros de Infantil, Primaria y Secundaria en el Consejo Escolar del Estado tras las críticas recibidas de no haber tenido negociación previa con los representantes del profesorado y con los demás miembros de la comunidad educativa.

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia que el Gobierno mantiene altas ratios de alumnos por aula en los centros de Infantil, Primaria y Secundaria; que dichos centros carecen de personal especializado para labores administrativas y del profesorado especialista necesario para la inclusión educativa y atención a la diversidad.

Además, y pese a todo lo sucedido, no se han modificado los requisitos sobre instalaciones en los centros para adaptarlos a las normas legales sobre ventilación, climatización y eficiencia energética. En este sentido, el sindicato había presentado enmiendas para mejorar los centros ante los problemas estructurales que sufren y que los últimos acontecimientos han mostrado a la sociedad.

Así, se solicita que 20 sea el número máximo de alumnos por aula en los centros de Educación Infantil y Primaria (el documento del Gobierno lo fija en 25). CSIF propone para la Enseñanza Secundaria un máximo de 25 alumnos por aula, frente a los 35 que recoge el real decreto ahora congelado.

CSIF también propone que todos los centros escolares dispongan de personal de administración y servicios para reducir la carga burocrática de los docentes, y que los centros de educación Primaria y Secundaria de menos de 1 línea (un aula por curso) y los centros educativos rurales agrupados tengan al menos un maestro/a de Pedagogía Terapéutica y otro de Audición y Lenguaje. Además, se ha propuesto que, para asegurar una verdadera atención a la diversidad, todos los centros en los que se imparta la ESO y el Bachillerato cuenten con un departamento de orientación educativa y psicopedagógica con todo el personal necesario; y que se preste una atención especial a las zonas rurales para consolidar su población y donde la educación pública esté presente.

CSIF, por último, denuncia que la pandemia ha evidenciado que las instalaciones de los centros no están adaptadas ni a la norma ni a las necesidades reales. La administración debe asegurar el cumplimiento de la normativa vigente: el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios; y el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que en su Anexo III especifica que las condiciones ambientales de los lugares de trabajo deben oscilar entre 17° y 27ºC, entre otras cuestiones.

Es imprescindible la instalación de sistemas de filtración y purificación portátiles y la preparación de los edificios ante condiciones climatológicas adversas, tanto de frío como de calor, que dificultan la actividad de profesorado y alumnado.

En este sentido, pedimos que los centros docentes tengan las condiciones ambientales adecuadas para evitar que la actividad escolar se desarrolle en condiciones de frío o calor extremo, cumpliendo los requisitos establecidos sobre eficiencia energética.

Al ser retirado por el Consejo Escolar de Estado el proyecto, a petición del Ministerio de Educación, esperamos que se abra un proceso de negociación en la Mesa Sectorial que dé voz al profesorado, pues esta norma afecta directamente a sus condiciones laborales y de salud laboral.