Justicia avanza su Plan para afrontar la desescalada y evitar el colapso en los juzgados

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, avanzará hoy a los sindicatos las líneas generales del Plan que prepara para afrontar la desescalada y evitar el colapso en los juzgados. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Justicia, exigirá a Campo que aclare las actuaciones previstas ante el colapso que se avecina y garantice la salud de los empleados/as públicos.

 

Reclamamos a Campo que nos aclare las medidas previstas para afrontar la carga extraordinaria de trabajo que esperamos tras la crisis sanitaria. La ciudadanía y las plantillas no deben pagar la falta de previsión del Ministerio ante el volumen de expedientes que están por llegar y exigimos medidas acordes a la nueva realidad.

 

Para CSIF, no es el momento de grandes reformas procesales como plantea el CGPJ. No se puede pretender recuperar en quince días, el tiempo perdido en 20 años y no tiene sentido, además, aprovechar esta tragedia para colar determinadas reformas de calado sin el análisis y el debate necesarios.

 

Reclamamos que a corto plazo se apliquen medidas organizativas que afectan a la jornada laboral o al incremento de plantillas o establecimiento de sistemas de cita previa, entre otras, teniendo en cuenta las restricciones sanitarias, aprovechando en todo lo que se pueda la precaria tecnología de la Administración de Justicia y, en todo caso, negociando su implantación con las organizaciones sindicales.

 

A medio plazo, hay que avanzar en cuestiones concretas puestas aún más en evidencia en esta crisis: acabar con el caos tecnológico e implantar el expediente judicial electrónico de forma programada y desde el acuerdo. La solución de los problemas de la Justicia no está en externalizar o privatizar parte de sus servicios, sino en aprovechar su capital humano y su potencial. Este debe ser el centro de la negociación colectiva en el futuro próximo.

 

Lamentamos, además, que los funcionarios/as de Justicia seamos los últimos en conocer los planes del Ministerio que, por otra parte, ya han sido anunciados en prensa tras las múltiples reuniones mantenidas por el ministro con instituciones y colectivos de todo tipo.

 

SIN MEDIOS DE PROTECCIÓN NI TEST

 

Desde el pasado 15 de abril, unos 12.000 funcionarios han vuelto al trabajo, una medida que hemos recurrido por los riesgos que supone. Justicia ha impuesto un escenario de vuelta a la actividad al margen del criterio general del Ministerio de Sanidad y sin evaluar los riesgos laborales.

 

Denunciamos que los funcionarios/as que están haciendo posible que la Justicia preste servicios esenciales y no esenciales a los ciudadanos siguen sin disponer de medios de protección adecuados y suficientes para preservar su salud y evitar contagios.

 

Por todo ello, exigimos que, como servicio esencial, el personal de Justicia sea sometido a pruebas fiables de detección del COVID-19. Hoy mismo, hemos propuesto al ministro por escrito que sea la MUGEJU la que coordine este plan y que se faciliten mascarillas y elementos de protección a todos los efectivos que prestan sus servicios de forma presencial.