Vuelta a la oficina: Las administraciones ponen trabas al teletrabajo del personal

La fase de desescalada y de normalización de la actividad económica está provocando que algunas comunidades autónomas pongan trabas al teletrabajo y se esté ordenando una vuelta precipitada, que puede poner en riesgo la salud de las plantillas. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), estamos denunciando estas situaciones y ya hemos emprendido acciones jurídicas en Murcia y Castilla-La Mancha.

Otras, como la Administración General del Estado aún no han convocado al grupo de trabajo encargado de la regulación del teletrabajo, mientras que en el resto se están poniendo trabas e incongruencias en la aplicación de las órdenes y CSIF está recibiendo numerosas quejas.

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, advierte de que estas órdenes para la reincorporación chocan con las previsiones normativas vigentes, que plantean a empresas y Administraciones Públicas que fomenten el teletrabajo durante esta crisis sanitaria.

El Real Decreto Ley 8/2020 del Gobierno establece el carácter preferente del teletrabajo mientras se lleva a cabo la desescalada hacia la nueva normalidad impuesta por el coronavirus. Por ello, las Administraciones Públicas deben ser un ejemplo y optar preferentemente por el teletrabajo con medidas que lo hagan posible y lo faciliten.

Para CSIF, la vuelta a los centros de trabajo en distintas CCAA y entidades locales, en muchos casos improvisada y sin negociación previa, puede suponer un grave riesgo para las plantillas y para el proceso de desescalada porque la pandemia aún no ha desaparecido.

Por otra parte, en la Administración General del Estado advertimos de que aún no se ha convocado al Grupo de Trabajo que desarrollará las modalidades de trabajo a distancia, como acordamos con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en las medidas organizativas para la vuelta presencia la trabajo.

Desde CSIF, seguimos vigilantes y defenderemos la máxima protección de los empleados/as públicos para que puedan seguir teletrabajando, por lo que estamos cuestionando la legalidad de estas medidas, como ya hemos hecho en Murcia y Castilla-La Mancha.

En concreto, en Murcia hemos interpuesto una demanda -admitida ya a trámite- contra la Orden de la Consejería de Presidencia y Hacienda que establece el procedimiento y las medidas organizativas para la recuperación gradual de la actividad administrativa.

Para CSIF, esta Orden que dicta la vuelta presencial de los funcionarios contraviene las normas establecidas por las autoridades sanitarias, que continúan vigentes, y que siguen dando preferencia al teletrabajo.

En Castilla-La Mancha, hemos presentado un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo contra la Resolución de la DG de Función Pública para la Reincorporación Presencial. Creemos que se vulneran derechos fundamentales forzando la vuelta al trabajo presencial, así como la Orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas que regula la prestación de servicios durante esta crisis.

En Madrid, hemos anunciado medidas legales por la incorporación de personal no docente a los centros educativos sin adoptar acciones preventivas y organizativas. Advertimos de que la Comunidad aún no está preparada epidemiológicamente para asumir la apertura de sus centros y que mientras esté en Fase 1 de la desescalada no se puede producir la vuelta de los alumnos de 2º de Bachillerato ni de quienes precisen clases de refuerzo, a partir de hoy lunes.

En la Comunidad Valenciana, la Generalitat no está facilitando tampoco el teletrabajo y está tratando de reincorporar al personal. Así, en su instrucción de reincorporación solo se permite teletrabajar a quienes tienen permiso por conciliación -y en muchos casos incluso ni se respeta- y los trabajadores con patologías previas también deben volver al trabajo presencial, sin que se esté produciendo una adaptación de sus puestos.

En Andalucía, hay incongruencias en el plan de incorporación porque se está llamando para su vuelta este lunes, por ejemplo, a personal de grupos de riesgo, que debería seguir teletrabajando. La situación es desigual y se están tomando decisiones diferentes dependiendo del departamento u organismo del que se trate.

En Aragón, la reincorporación está siendo progresiva tanto en el Gobierno como en los ayuntamientos y en muchos casos se está negociando una fórmula mixta de vuelta presencial y teletrabajo. Las instrucciones del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza dejan claro que hay que facilitar el teletrabajo y los permisos por conciliación, pero en la práctica se les ponen problemas porque depende de la aprobación de sus jefes. Estamos atendiendo numerosas quejas ante esta situación.

Por último, desde CSIF creemos que no podemos desaprovechar ese esfuerzo de las plantillas para teletrabajar en una crisis como la actual. Es urgente que las administraciones y los sindicatos, como representantes legítimos de los funcionarios, acordemos un nuevo régimen legal para implementar medidas para el teletrabajo, salvaguardando la calidad del servicio público.