CSIF pide a la nueva ministra de Igualdad revisar el Pacto contra la Violencia de Género y reforzar la prevención en la administración pública y empresa privada

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pide a la futura ministra de Igualdad, Ana Redondo, que priorice entre sus primeras actuaciones la revisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y que se comprometa a reforzar la prevención tanto en las administraciones públicas como en la empresa privada.

CSIF desea suerte a la nueva ministra y le traslada nuestra disposición a trabajar conjuntamente en todas aquellas iniciativas por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y reducir la brecha de género. Confiamos en que la nueva titular del Ministerio favorezca el diálogo con el conjunto de las organizaciones que trabajamos en el ámbito de la Igualdad y que nos negó la ministra saliente.

CSIF, coincidiendo además con el próximo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pide además a la nueva titular de Igualdad que no demore la puesta en marcha de otras actuaciones que reclamamos desde la pasada legislatura, como la implantación de protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo. Las administraciones públicas deben jugar un papel fundamental desde sus diferentes ámbitos y deben de estar dotadas de personal, medios y financiación suficientes.

En este sentido, desde CSIF reclamamos en la Administración General del Estado la puesta en marcha del protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo, así como un procedimiento de actuación para que la Administración ofrezca asistencia jurídica y psicológica a las empleadas públicas que sufran violencia de género. También debemos desarrollar la estadística sobre movilidad de mujeres víctimas para conocer la magnitud del problema y adoptar soluciones.

Estas actuaciones pueden y deben complementarse con otras medidas cuya implantación es urgente, como delegados y delegadas sindicales especializados en la lucha contra la violencia de género, impulsar la negociación de los convenios colectivos y planes de igualdad, e incrementar los recursos y las medidas de prevención en Sanidad, en Educación, en Servicios Sociales y Justicia.