CSIF se reúne con el ministro Escrivá para activar la negociación colectiva en las administraciones: nuevo acuerdo salarial, 35 horas semanales y refuerzo de plantillas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) mantuvo hoy una reunión con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, con el fin de activar cuanto antes la negociación colectiva en las administraciones públicas, al igual que se está haciendo en el sector privado. El ministro ha tomado nota de nuestras reivindicaciones y ha trasladado su voluntad de poner en marcha el diálogo social en este ámbito en breves fechas.

Para CSIF, sindicato más representativo en este ámbito, las prioridades son un nuevo acuerdo de legislatura que ponga en valor el trabajo de las empleadas y empleados públicos mediante la mejora de sus condiciones laborales y retributivas: un nuevo acuerdo salarial, el refuerzo de las plantillas, la jornada laboral de 35 horas semanales en el conjunto del Estado y mejoras en las condiciones de jubilación. Así se lo ha trasladado el presidente del sindicato, Miguel Borra, al ministro esperando que esta reunión suponga el comienzo de una nueva hoja de ruta de reformas estructurales que requieren nuestras administraciones.

En materia salarial, hay que recordar que las/os empleados públicos han iniciado el año sin subida salarial y arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 5,8 por ciento en los últimos dos años, tras el acuerdo firmado entre el anterior Ejecutivo y los sindicatos CCOO y UGT, y más del 20 por ciento desde el recorte salarial de 2010, con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En concreto, para CSIF es fundamental poner en marcha las diferentes mesas de negociación para:

• Un nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década, así como recuperar la estructura salarial previa a los recortes fijados en el Real Decreto-ley 8/2010 y la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.

 

• La modificación del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados y empleadas públicas, entre otras, como la jornada laboral de 35 horas, la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia,  la aportación a plenes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial para el conjunto de empleadas y empleados públicos, la no discriminación en la edad de jubilación forzosa, la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.

 

• Planes de recursos humanos: adecuación de las plantillas a las necesidades reales de prestación del servicio, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para reforzar y rejuvenecer las plantillas. En los últimos 10 años la Administración Pública Estatal ha perdido cerca de 40.000 efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos 5-10 años.

 

 

• Desarrollo de la carrera profesional para el conjunto de empleados públicos.

 

• Adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del TREBEP.

 

 

• Mejoras en las condiciones de jubilación, tanto del Régimen General como de Clases Pasivas y negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por la penosidad en el ejercicio de su profesión.

 

• La equiparación de las cotizaciones en el Régimen de Clases Pasivas a las del Régimen General para los permisos de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.

 

 

• La adecuada trasposición de la Directiva Europea para que el permiso parental sea retribuido.

 

• Resolución definitiva al conflicto en la Administración de Justicia, con un acuerdo que reconozca la labor que desarrollan los Cuerpos Generales y Especiales en los términos que el alcanzado con Jueces, Fiscales y Letrados.

 

 

• Desarrollo de las Leyes de Función Pública, así como la implementación efectiva del Teletrabajo y del protocolo contra el Acoso Sexual en la Administración General del Estado.

 

• Un incremento de la financiación de MUFACE, así como del resto del mutualismo administrativo para evitar que se reduzca la calidad asistencial en la sanidad que reciben nuestros funcionarios.