CSIF denuncia la disminución de plazas de la FP a distancia en centros públicos y alerta de la derivación de alumnado a la privada

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunciamos el ataque que está sufriendo la Formación Profesional en centros públicos ya que, según hemos constatado, 11 centros que actualmente imparten enseñanzas de FPa distancia de diferentes familias profesionales dejarán de impartirlas durante el próximo curso. En total, se suprimen de esos 11 centros un total de 14 enseñanzas. Entre los centros afectados destacan, entre otros, el IES Trassierra, el IES Maimónides (ambos de Córdoba), el IES Cristobal Monroy (Sevilla), el IES Gerald Brenan (Málaga), o el IES Zaidín Vergeles (Granada). Cada uno de estos ciclos formativos suprimidos supone una pérdida de carga horaria por ciclo de aproximadamente 90 horas lectivas, en cuanto a cupos de profesorado afecta a unos 5 docentes por ciclo, lo que suma una pérdida de unos 70 docentes en toda Andalucía.

En concreto, para la familia de Informática y Comunicaciones, se suprimen en estos centros las enseñanzas de Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma; Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, y Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de sistemas Informáticos en Red.

En teoría, estas enseñanzas suprimidas se van a centralizar en un único centro de Andalucía, el IES Aguadulce de Almería, con la consiguiente pérdida de plantilla orgánica en los institutos afectados por este nuevo recorte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Por tanto, sólo en la rama de Informática la pérdida de plazas para el alumnado en centros públicos de cara al próximo curso se estima en 750, una circunstancia que choca con la creciente demanda de estas enseñanzas año tras año, superando ampliamente la demanda a la oferta y existiendo listas de espera y personas que se quedan sin obtener plaza para cursar la FP a distancia. Asimismo, hemos detectado que las plazas susceptibles de desaparecer  no están siendo absorbidas  por el IES Aguadulce, pues tras consultar su oferta para el próximo curso venimos a comprobar que tanto la plantilla de profesorado como la oferta para el alumnado son las mismas que presentaban para el 2023-2024. La Administración, por su parte, esgrime que ello responde a una reestructuración de los recursos, pero desde CSIF no vamos a tolerar ningún perjuicio de la oferta educativa ni remodelación alguna  que suponga una supresión de puestos y, menos aún, si se trata de plantillas orgánicas de centro.

Esto nos lleva a preguntarnos a quién se está beneficiando con esta medida. Reducir la oferta educativa en ciclos con gran demanda y empleabilidad beneficia unidireccionalmente a la iniciativa privada.

Si analizamos el incremento que ha experimentado el alumnado de FP que acude a centros privados en el último lustro, el crecimiento supera el 61% en los ciclos de grado superior. En algunas provincias, como, por ejemplo, Málaga, este porcentaje asciende al 93% y, en Almería, al 77%. Frente a estos datos, el crecimiento del número de alumnos y alumnas en la FP de grado superior en centros de titularidad pública apenas supera el 20%, a pesar de que la demanda supera con creces a la oferta. Por tanto, estas cifras son un claro reflejo de la política educativa que está llevando a cabo la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, cuyas acciones evidencian la detracción de recursos públicos en Formacion Profesional. De este modo, ponen en  bandeja  de la iniciativa privada un nicho de mercado que hasta la fecha estaba cubierto mayoritariamente por oferta pública.

Por otra parte, CSIF también ha denunciado en reiteradas ocasiones y foros, -el último en la Mesa Técnica celebrada el pasado día 13 para abordar la organización de la FP- la tardanza por parte de la Consejería con la que se está llevando a cabo todos los aspectos relacionados con la organización de la FP, tras las modificaciones  normativas que sobre este tipo de enseñanzas se ha procedido a realizar a nivel ministerial.

Por ello, instamos a la Administración que revierta con carácter urgente  esta situación y apueste de forma decidida por la educación pública y sus profesionales al ser la única que garantiza la igualdad de oportunidades.