CSIF reclama mayor inversión en seguridad laboral para prevenir y evitar situaciones de riesgo para los trabajadores en el desempeño de la jornada laboral
- Prensa y Comunicación
- Prevención de Riesgos Laborales
27 de diciembre de 2024
- El sindicato exige a las administraciones un incremento de personal especializado y recursos materiales para impedir la aparición de enfermedades profesionales y accidentes
- Apuesta por el fomento de la formación y la capacitación del personal y la ampliación del catálogo de patologías del trabajo para evitar que sean tratadas como contingencia común
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha reclamado mayor inversión en seguridad laboral para anticiparse y evitar situaciones de riesgo para los trabajadores y trabajadoras en el desempeño de la jornada laboral.
Pese a que el sindicato ha calificado como “un buen avance” la aprobación el pasado mes de octubre de la Estrategia andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028, la secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CSIF-A, Pilar González, ha señalado que “seguimos teniendo muchos frentes abiertos y actuaciones pendientes”.
Para González es necesario poner el foco en la prevención de la seguridad de las personas en sus respectivos puestos de trabajo, con el objetivo de actuar con antelación y establecer medidas correctoras ágiles y efectivas. Para ello, “exigimos a las administraciones un incremento del personal especializado, que actualmente es “absolutamente deficitario”.
En este sentido, la dirigente sindical ha destacado que es urgente incrementar las plantillas de profesionales de salud mental y de inspectores/as de trabajo en los servicios públicos, así como de técnicos especialistas en Prevención de Riesgos Labores (PRL) tanto en las diferentes unidades de prevención de las administraciones públicas como en la empresa privada. A este aumento del personal ante las carencias detectadas, CSIF también demanda más recursos materiales de tipo ergonómico, digital o protector, como medida para prevenir la aparición de enfermedades profesionales y accidentes laborales.
Según datos publicados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía durante 2024 y hasta el pasado 31 de octubre en Andalucía se produjeron 88.921 accidentes de trabajo, de los cuales 921 fueron considerados de gravedad y 109 resultaron mortales. Estos dos últimas cifras y sin tener registrado aún el dato referido al presente año, ya superan a las registradas en 2023, cuando se contabilizaron 877 y 100, respectivamente.
Además, los accidentes in itinere, que se producen en el desplazamientos de ida o vuelta del trabajo, supusieron el 14,74% de los accidentes ocurridos en el periodo antes señalado, alcanzando la cifra de 13.108, de los que 23 fueron mortales.
Para acabar con la siniestralidad laboral, González ha puesto el acento en la conveniencia de una mayor formación en seguridad y salud de los trabajadores y en una adecuada dotación y mantenimiento de vehículos profesionales, seguro de vida y accidentes para el personal con desplazamientos en su jornada, además de un aumento de la vigilancia de la salud frente a patologías especialmente sensibles o que dificulten una conducción segura.
Patologías profesionales
La responsable sindical ha destacado que dicha formación es muy necesaria también para prevenir enfermedades causadas por el desarrollo de la actividad laboral, aspecto que cobra especial relevancia en trabajos donde el personal está expuesto a agentes químicos, biológicos o físicos y que provocan un deterioro progresivo de la salud. En 2024 y siempre según fuentes de la Administración andaluza, se comunicaron 1.458 patologías profesionales, de las que un 56,3% derivaron en baja laboral. Para el sindicato es esencial que aumente el catálogo de este tipo de enfermedades para evitar que sean tratadas como contingencia común, así como incluir determinados tipos de cáncer, práctica que ya se aplica en países europeos.
Precisamente, elementos peligrosos como el amianto, la inhalación de polvo de sílice, la exposición a radiaciones ionizantes, cadmio y contacto con multitud de elementos químicos presentes en diversas actividades profesionales como la construcción, fabricación, mantenimiento de vehículos, peluquería o tareas sanitarias, entre otras, suponen una grave amenaza tanto en el ámbito de administración pública como en la empresa privada.
En cuanto a la salud mental, CSIF-A ha denunciado en reiteradas ocasiones las lagunas asistenciales del sistema sanitario actual y que impiden dar respuesta a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras en este ámbito. González ha insistido en que los trastornos y patologías relacionadas con la salud mental “continúan siendo un estigma que avoca al trabajador a ocultar su situación por temor al rechazo, aislamiento, acoso, o incluso, despido”. Además, “lamentablemente, las bajas psicológicas siguen sin considerarse, en su gran mayoría, como accidentes de trabajo”.
La dirigente sindical ha criticado las largas listas de espera para acceder a una consulta por la escasez de especialistas en salud mental, lo que ralentiza el acceso a tratamientos y la recuperación de los pacientes. González ha recordado que, tras conocer los resultados de un estudio de la Federación Salud Mental Andalucía el pasado septiembre, CSIF alertó de que en España cada 2 horas se produce un suicidio y en Andalucía, uno cada 11 horas, contabilizándose durante el pasado año un total de 772 suicidios en la comunidad.
Gestión de la transformación digital
Para la central sindical, son muchos los riesgos que supone una mala gestión de las tecnologías digitales en el ámbito laboral, ya que puede derivar en riesgos tales como el ciberacoso, el tecnoestrés, la hiperconectividad o el aislamiento social. González ha reclamado que tanto la Administración pública como la empresa privada, adopten medidas que conjuguen los avances de la transformación digital con la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, como una mayor formación y capacitación del personal, políticas de desconexión, protección de datos, ciberseguridad o la ergonomía digital.