CSIF denuncia que el nuevo manual de jornada y horarios de los centros docentes de Andalucía atenta contra el profesorado e incrementa la burocracia

• El sindicato rechaza que la Administración educativa imponga un documento que vulnera la normativa de protección de datos y pone en riesgo a los equipos directivos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la enseñanza pública en la comunidad andaluza, ha denunciado que el nuevo Manual para la gestión del cumplimiento de jornada y horarios en los centros docentes públicos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional supone un ataque directo al profesorado con un enfoque fiscalizador. Tal y como ya hiciera en Mesa Sectorial hace unos meses, la central sindical ha reiterado su rechazo “a un documento que nunca fue negociado adecuadamente y que aumenta la presión sobre los equipos directivos y supone un incremento de la ya desorbitada burocracia a la que tienen que hacer frente los profesionales”.

La presidenta del sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, ha explicado que este manual “vulnera la normativa de protección de datos”, pues obliga a los centros directivos a dar publicidad a un estadillo mensual de ausencias, generado a través de Séneca, en el que se incluyen datos personales de los profesionales, tales como nombre y apellido del docente, motivo y tipo de justificación de las ausencias, total de horas ausentes y el coste económico de las mismas.

 “Esta información se comparte con todo el personal docente y no docente por correo electrónico y se remite trimestralmente al Consejo Escolar”, ha señalado la dirigente sindical, quien ha añadido que “este procedimiento, sin una base legal que legitime tal publicidad, vulnera gravemente el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos”

CSIF Andalucía considera “inaceptable” que el Consejo Escolar, un órgano colegiado, tenga acceso a esta información sensible y que, a juicio de la central sindical, vulnera además el derecho a la intimidad del profesorado; por ello, ha exigido a la Consejería que adopte soluciones inmediatas para acabar con esta situación. García ha explicado que la Administración, al incumplir la normativa de protección de datos, puede enfrentarse a sanciones y responsabilidades disciplinarias.

Por último, García ha reseñado que CSIF ha reclamado a la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos que garantice la seguridad jurídica de los equipos directivos, quienes se ven obligados a aplicar procedimientos que podrían contravenir la ley; asimismo, la organización ha enviado una carta abierta a todos los directores y directoras de centros educativos para ofrecerles análisis y apoyo en torno a este asunto y ha puesto a disposición del profesorado un modelo de recurso para evitar que sus datos personales sean utilizados de forma indebida.