La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, defiende que el personal docente tenga libertad de elección entre libros físicos y dispositivos electrónicos y lamenta que la imposición política perjudique a la educación del alumnado.

CSIF considera necesario un debate serio y consensuado entre los profesionales de la educación donde prime la autonomía pedagógica y libertad de cátedra por encima de la imposición de un material educativo determinado. Es necesario lograr un equilibrio entre medios tradicionales y tecnológicos, principalmente ante la ausencia de estudios claros en favor de uno u otro.

La presión de las editoriales y empresas tecnológicas contribuye a aumentar las diferencias entre comunidades autónomas: mientras que en Cataluña se apuesta por la eliminación del libro físico, en la Comunidad de Madrid se opta por la prohibición del uso de pantallas. En este sentido, defendemos la profesionalidad y autonomía de los docentes y creemos que deben ser consultados antes de obligarles a utilizar uno de estos métodos de aprendizaje en sustitución del otro. Nuestra organización defiende que estas medidas no dependan exclusivamente de decisiones políticas sin el consenso de la comunidad educativa.

Hoy el Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros el proyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales, que en el ámbito educativo recogerá un plan de alfabetización digital, con mecanismos concretos que den a los menores de Primaria y Secundaria herramientas y autonomía con los dispositivos tecnológicos para combatir bulos. En este sentido, CSIF apuesta por la eliminación de dispositivos móviles en los centros educativos para asuntos no pedagógicos y lamenta que el Ejecutivo imponga una nueva responsabilidad al profesorado sin que presente recursos para su ejecución ni mejoras en las condiciones laborales y retributivas del personal docente

CSIF suma a estas posturas en defensa de la mejora de la Educación Pública otras reivindicaciones clave: un pacto educativo que aleje a la Educación de vaivenes políticos y ofrezca estabilidad al sistema, mejora de la inversión educativa hasta alcanzar el 7 por ciento del PIB en línea con la UE, Estatuto Docente, aumento de retribuciones, subida de niveles y adaptación de los cuerpos docentes y modernización de los sistemas de acceso a la oposición docente.