CSIF lamenta el retroceso de la sanidad pública andaluza en 2024 y exige a la Junta que aborde “la necesaria mejora de las condiciones de los profesionales”

• El sindicato hace balance en materia sanitaria y alerta del déficit crónico de plantilla y del recorte de derechos como el complemento al rendimiento profesional
• Insiste en la necesidad de impulsar medidas contundentes ante el aumento de agresiones al personal del SAS

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud, ha lamentado el retroceso de la sanidad pública en Andalucía durante 2024 “como consecuencia de la falta de voluntad e inacción de la Administración”. Así lo ha expresado el presidente del sector de Sanidad del sindicato, Victorino Girela, al hacer balance del año que termina, al tiempo que deseado “que en 2025 nuestros responsables políticos presten la atención que merece a un servicio público básico como la sanidad”.

CSIF Andalucía ha recordado que a día de hoy el Gobierno andaluz sigue sin cumplir el Acuerdo para la Mejora de la Atención Primaria firmado con las organizaciones sindicales, “lo que ha debilitado enormemente el sistema sanitario público por la falta de recursos humanos y materiales para ofrecer una atención de calidad a la ciudadanía”. Asimismo, Girela ha hecho referencia a la falta de avances en torno al Pacto de Carrera Profesional, “que resulta esencial para reconocer la labor de una plantilla mermada y con una asfixiante sobrecarga laboral”.

El 2024 ha sido un año de intensa acción sindical para CSIF “como demuestran nuestras múltiples movilizaciones para reivindicar el cumplimiento de dichos pactos  para contar con una sanidad pública de calidad y con unas condiciones dignas para las trabajadoras y trabajadores, que son quienes sostienen el sistema”, ha resaltado Girela. En este sentido, el responsable sindical ha denunciado que “la respuesta de la Junta de Andalucía al compromiso y al esfuerzo diario de la plantilla es meter la mano en sus bolsillos cuando no le salen las cuentas como demuestra el recorte de casi un 15% de media del complemento al rendimiento profesional”.

En cuanto a movilizaciones, CSIF también ha salido a la calle contra la falta de personal en los centros de Atención Primaria y en los hospitales de toda Andalucía. “Por si no fuera suficiente con el déficit de plantilla estructural que padece nuestra sanidad, en mayo tuvimos que hacer frente a la finalización de 7.000 contratos de refuerzo COVID que aún quedaban en el SAS”, ha explicado Girela. A juicio del responsable sindical, “esto supuso de nuevo un ataque a los profesionales, que volvían a tener que asumir tareas ajenas y a desarrollar su labor en unos servicios cada vez más tensionados”. Finalmente, se renovaron algo más de 2.300, “aunque se siguen ofreciendo contratos precarios que favorecen el éxodo de los profesionales”.

“Al presagio de un verano muy complicado por la falta de personal para sustituciones por vacaciones, se añadía el hecho de no poder contar con los MIR de Familia que finalizaban en septiembre”, ha explicado Girela, quien ha recordado que “tras intensas negociaciones, logramos contar con algunos de ellos salvaguardando sus derechos formativos y con un complemento económico adecuado, pero seguimos denunciando las condiciones precarias que llevan a los profesionales a no querer firmar contratos en zonas de difícil cobertura”.

De igual manera, la Central Sindical se ha movilizado para reclamar la reclasificación profesional de todas las categorías, especialmente necesaria para TCAE o técnicos/as especialistas, que están pendientes desde 2007 de que se desarrolle plenamente el artículos 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, que reconoce ese derecho y que permite adecuar el nivel de competencia y funciones actuales a un justo desarrollo profesional y a las retribuciones correspondientes.

Por último, la Central Sindical ha reclamado a la Consejería de Salud y Consumo que ponga en marcha medidas contundentes para afrontar las agresiones al personal de la sanidad pública, que han aumentado en los últimos meses. “Además de reforzar la seguridad en los centros, la creación del Observatorio de Agresiones y la publicación de un régimen sancionador no pueden retrasarse más. La Administración debe pasar de las promesas a los hechos porque son los profesionales quienes se exponen a diario. Las agresiones, ya sean físicas o verbales, no pueden quedar impunes”, ha concluido Girela.