CSIF vuelve a manifestarse para que el Gobierno central negocie una subida salarial y mejoras laborales para los empleados públicos

• Tanto en Cádiz como en el resto de capitales del país, delegados de CSIF han exigido que se corrijan las desigualdades entre administraciones y que se convoque una oferta de empleo que garantice la calidad de los servicios públicos    

•  El Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo de CSIF para recuperar la estructura salarial de los empleados públicos previa a los recortes de Zapatero en 2010

Cádiz, 16 de diciembre de 2024

Empleados públicos de la provincia de Cádiz se han concentrado esta mañana para exigir al Gobierno central que desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a este colectivo en diferentes ámbitos (salarial, empleo público, condiciones de jubilación, jornada, teletrabajo, entre otros), convocados por CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas. Y es que, desde que se constituyó el Gobierno actual de la nación, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar estas cuestiones.

La concentración se ha llevado a cabo ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, y de manera simultánea en todas las capitales de provincia del país.

Tal y como ha explicado la presidenta de CSIF Cádiz, Mercedes Amézaga, “es urgente negociar la subida salarial del próximo año, un nuevo acuerdo salarial (el actual caduca a final de año y ya ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6 por ciento desde 2022), así como la oferta de empleo público para 2025, teniendo en cuenta que el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado”.

Por otra parte, también en materia de retribuciones, el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por CSIF para que las/os empleados públicos recuperen la estructura salarial previa los recortes de Zapatero en 2010.

El alto tribunal, mediante providencia del 2 diciembre de 2024, ha acordado su admisión a trámite ya que en este caso “concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y podría tener unas consecuencias políticas generales” y requiere a la presidenta del Congreso para que en el plazo máximo de 10 días remita al Tribunal certificación del expediente.

Estos recortes que siguen en vigor desde 2010 supone que los empleados públicos en esta última década “hayamos trabajado entre 13 y 18 meses gratis, en función del grupo profesional al que pertenezca cada cual. Esta situación se suma a la pérdida global del 20 por ciento del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010”.

Según un reciente estudio elaborado por CSIF, los empleados públicos de la Administración del Estado cobran, de media, 8.000 euros menos al año que los trabajadores de las comunidades autónomas y ayuntamientos por el mismo trabajo. Esta cifra es la media de las desigualdades retributivas que padecen los funcionarios (8.690 euros menos anuales de media) y el personal laboral (7.380 euros menos).

Para corregir estas desigualdades retributivas en la Administración General del Estado es necesaria una dotación de fondos adicionales que CSIF fija en 1.487 millones, repartidos entre 2025, 2026 y 2027, hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028.

A parte, CSIF entiende que se deben abordar sin más demora otros temas que afectan a las condiciones laborales de los empleados públicos como son la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición (es decir, cubriendo todas las jubilaciones que se han producido durante el año) para garantizar la calidad de los servicios públicos, la demanda de una jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado,  implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo y la mejora de las condiciones de jubilación con la regulación definitiva de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario.