El curso escolar arranca con los recortes implantados desde 2011
31 de agosto de 2022
-CSIF urge a la Consejería de Educación a aplicar mejoras en las condiciones laborales de los docentes de manera inmediata
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el curso escolar 2022-2023 arranca mañana manteniendo los recortes implantados desde 2011, por lo que el sindicato reclama a la Consejería de Educación que aborde de inmediato todas las mejoras necesarias.
El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, sostiene que “han pasado más de diez años y se mantienen recortes que colocan a nuestra educación pública en el furgón de cola frente a otras comunidades en las que se afrontan mejoras, es el abandono absoluto. El resto de comunidades limítrofes sí están avanzando en las mejoras laborales de los docentes”.
Entre los recortes, desde CSIF se subraya la necesidad de bajar las ratios, regresar a las 18 horas lectivas en ESO y Bachillerato y 23 en Primaria e Infantil, recuperar los apoyos educativos en clases, reimplantar el pago del verano para los interinos con cinco meses y medio trabajados, así como reducir el horario para los docentes mayores de 55 años, entre otros puntos.
A todo ello se suma el deterioro del clima de convivencia, como se ha observado en los últimos cursos con el incremento de las situaciones de violencia, y el insostenible aumento de la burocracia. En este sentido, el curso comienza con la implantación de los nuevos currículums, lo que va a suponer más carga burocrática para los docentes. Para Ranz, la Consejería de Educación “debe ayudar al profesorado, especialmente en el tema de las calificaciones. Día tras día observamos cómo las reclamaciones de las familias son valoradas favorablemente por las delegaciones provinciales, en detrimento del apoyo a los docentes”.
“La Consejería ya no puede poner como excusa la pandemia de Covid-19, se acabaron las justificaciones y las promesas vacías”, añade el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, que exige a la Administración que apoye decididamente a la enseñanza pública, dotando de los recursos necesarios para lograr una enseñanza de calidad.