CSIF lamenta la terrible lacra de la siniestralidad laboral en Castilla-La Mancha y apunta al deterioro de las condiciones de trabajo y de la cultura preventiva

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra este lunes, con el lema ‘No es un juego, es nuestra vida’ y poniendo el foco precisamente en las elevadas cifras de siniestralidad laboral en Castilla-La Mancha durante 2024, un año negro en el que perdieron la vida 58 personas y en la que se produjo una media de 75 accidentes de trabajo al día.

CSIF resalta que el derecho a una vida laboral segura, saludable y digna es un derecho fundamental que no está plenamente garantizado en todos los centros de trabajo. Los 58 accidentes mortales, 50 durante la jornada laboral y 8 in itinere, suponen un incremento del 36% en comparación con el año anterior y sitúan a 2024 como el año más trágico en la región desde 2006, cuando se registraron 80 accidentes mortales, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Desgraciadamente, Castilla-La Mancha arroja unos índices de siniestralidad laboral mortal totalmente desorbitados, con 6,6 muertes por cada 100.000 habitantes.

La industria manufacturera, construcción y transportes son los sectores que aglutinan mayor número de accidentes laborales y entre las causas sobresalen las caídas, pérdida de control total o parcial de equipos de trabajo o materiales, golpes, sobresfuerzo físico y accidentes de tráfico.

Para CSIF, detrás de estas terribles cifras, junto a los 27.549 accidentes registrados en 2024 (75,4 accidentes al día), se encuentra el deterioro de las condiciones de trabajo y de la cultura de prevención de riesgos laborales.

Además, la siniestralidad laboral no sólo se mide en accidentes visibles, sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés continuo, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos siguen siendo invisibilizados y normalizados. Y en muchos casos, son consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal y de la falta de protocolos de prevención efectivos.

Es fundamental que todos los participantes en la gestión preventiva (Gobierno central y autonómicos; empresas, administraciones, mutuas, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, servicios de prevención, personas trabajadoras y representantes sindicales) asuman su responsabilidad.

Para lograr una cultura preventiva real, no simbólica, CSIF exige:

-Reformas legislativas: la actualización de la Ley 31/1995 de PRL que se adapte a la nueva realidad del mundo laboral, ampliación del cuadro de enfermedades profesionales incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales y aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que ayuden al cuidado de la salud mental.

-Regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva.

-Dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención, ya que donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud.

-Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad social, para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

- Protocolos eficaces contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de sus formas, especialmente en los colectivos más vulnerables como sector sanitario, docentes, prisiones y servicios sociales.

-Incorporación de profesionales de psicología en los Servicios de Prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.

-Endurecimiento de las sanciones en materia de prevención, incluida a la propia administración en sus incumplimientos.

-Integración de la edad, diversidad generacional, y perspectiva de género.

-Potenciar la formación en PRL e incluirla como obligatoria en grados universitarios y sistema nacional de cualificaciones profesionales. 

-Actualizar los equipos de trabajo y mejorar las condiciones de seguridad en los entornos laborales para reducir la siniestralidad.

-Mayor protección frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.