CSIF denuncia que el Decreto Ley 13/2024 publicado el 26 de noviembre, incluye aspectos ocultos a las organizaciones sindicales
27 de noviembre de 2024
El sindicato reitera que el Decreto Ley 13/2024 negociado con las organizaciones sindicales tuvo como finalidad la adopción de medidas extraordinarias para la gestión, organización y movilidad del personal empleado público como consecuencia de las graves inundaciones acaecidas el 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.
CSIF, sindicato más representativo en la Administración Pública, asume la total responsabilidad y apoyo a los puntos de este Decreto Ley 13/2024 que inciden directamente en la urgencia de la situación. En momentos, la responsabilidad institucional debe primar, y desde el sindicato hemos actuado en consecuencia, respaldando el contenido que considerábamos necesario para el bienestar general de la ciudadanía. El pasado 26 de noviembre se publicó el Decreto Ley 13/2024 que, en un principio, comprendíamos como una medida necesaria ante la situación excepcional y la gran afectación social derivada de los recientes acontecimientos de la DANA. Sin embargo, y con gran sorpresa, al analizar el texto publicado, hemos detectado que en las disposiciones adicionales y finales se han incluido modificaciones a la Ley de Presupuestos que no habían sido previamente discutidas, ni tratadas en la MGNI (Mesa General de Negociación I) del pasado 18 de noviembre. Entre estas modificaciones, se abre la posibilidad de aumentar el sueldo a los funcionarios, incluidos las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que serán las correspondientes para altos cargos de la Administración de la Generalitat, con el límite máximo en cómputo anual de las retribuciones del President de la Generalitat incrementado en un 15%. No obstante, este tope se excluye para miembros del Consell y órganos superiores de la Administración de la Generalitat.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), necesita dejar claro que estamos en contra de la forma en que se ha producido esta modificación en el Decreto Ley 13/2024. La moralidad y la ética deben prevalecer, y es inaceptable que, en estos momentos de tanta dificultad para la ciudadanía, se prioricen cuestiones de índole salarial y no de interés general.