CSIF exige al Ministerio que se garanticen las plazas convocadas para el 2020 y coordine a las Comunidades Autónomas para acordar una fecha única

Una vez más la falta de liderazgo del Ministerio de Educación ha significado una patada a seguir ante la situación extraordinaria en la que nos encontramos. Todas las decisiones se han enmarcado en un escenario que presupone la vuelta a la normalidad después del decreto de alarma, algo que desde luego no está garantizado en ningún caso: si se ha paralizado un mes la educación, retrasamos un mes la prueba de acceso a la Universidad, suspendemos las evaluaciones externas y reducimos el tiempo de prácticas de Formación Profesional. En cuanto a las oposiciones, se emplaza a lo que digan las Comunidades Autónomas dentro de una semana para volver a ver si son capaces de encontrar una postura común.

 

Aquel cínico comentario popular de “aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío” se puede aplicar perfectamente. No ha empezado esa semana de plazo y ya hay comunidades autónomas que han informado de la suspensión hasta el año 2021, anunciando sin reparos que las del 2021 se pasarán al 2022, perdiendo así un año. Todos olvidan el acuerdo de reducción de la tasa de interinidad que se firmó en la Mesa General de Empleados Públicos, que se publicó en la Ley General de Presupuestos del Estado y que involucra a todas las administraciones.

 

CSIF, como firmante de dicho acuerdo, exige el cumplimiento de la oferta pactada. Las oposiciones de este año 2020 deben garantizarse, entendiendo que es posible que no se puedan celebrar en fecha debido a la urgencia sanitaria. Pero es el Gobierno Central y, por tanto, el Ministerio de Educación el que tiene una doble responsabilidad en este caso: ser garante del cumplimiento del acuerdo de empleo y garantizar la seguridad del proceso con el decreto de alarma. Le corresponde, por tanto, liderar y acordar una postura común.

 

El Ministerio de Educación ha vuelto a demostrar el poco respeto que tiene a la mesa de negociación: en mesa sectorial de 20 de marzo garantizaba la celebración de oposiciones. Ya no lo garantiza y los representantes del profesorado, que tanto esfuerzo están haciendo para paliar esta situación, no tienen ninguna información, más allá de las que nos llegan de las diferentes regiones. Esto implica un gran desconcierto de interinos y nuevos opositores que carecen de información fiable. 

 

Si la decisión final es que las oposiciones se suspendan hasta el 2021, CSIF exige que se convoquen las órdenes de convocatoria con las plazas correspondientes durante este año, en las que se detalle que la fecha de realización será en junio del año que viene. En aquellas convocatorias ya publicadas, se debiera realizar una corrección de errores para aclarar este detalle y abrir un proceso nuevo de solicitudes para el año que viene. A esta garantía, que daría seguridad para que no se pierdan las plazas convocadas, habría que sumar las que corresponderían al año 2021, sumando ambos procesos en un solo año, evitando la pérdida de plazas que esto significaría si perdemos una convocatoria. No sería aceptable que las administraciones adujeran un sobreesfuerzo por realizar ambos procesos en un año, obviando a un colectivo que está haciendo todo de manera modélica.

 

La estabilización de las plantillas docentes es garantía de estabilidad en el derecho a la educación. La experiencia de la crisis del 2008 y posteriores recortes, hicieron ver la fragilidad del sistema. Además, el colectivo interino perdió su puesto de trabajo fruto de los recortes. Por tanto, entendemos que en estos momentos es preciso seguir adelante con los procesos selectivos, que han demostrado ser la única garantía para tener los centros dotados de personal sin que los vaivenes de la crisis hagan que se reduzcan como ya pasó en aquellos años de infausto recuerdo.

 

Reiteramos al Ministerio, como máximo responsable, la petición de que adelante las soluciones ante los diferentes escenarios y no espere a lo que vaya ocurriendo.

 

Ha retrasado la prueba de acceso a la Universidad a últimos de junio y principios de julio, por supuesto sin consulta previa con los sindicatos con los que estuvo reunido el pasado 20 de marzo, y no ha establecido qué compensaciones tendrá el profesorado ante esta decisión. Debe prepararse ante el peor de los escenarios y tener preparadas soluciones si fuera imposible poder volver a los centros en todo lo que resta de curso escolar normal. Si ésta fuera la situación, debe responder a qué ocurrirá con el acceso a la Universidad, qué pasa con el alumnado de otros cursos, con las promociones y titulaciones. En definitiva, debe tener preparadas medidas excepcionales ante esta crisis trágica de carácter global.

 

La mayor urgencia es contener esta enfermedad terrible que está desolando a la sociedad. Todas las administraciones tienen que trabajar en pos de este máximo objetivo. Pero además, deben trabajar para que después de la crisis sanitaria, las consecuencias sean las mínimas posibles. Exigimos altura de miras de todas las Comunidades Autónomas y capacidad de liderazgo del Ministerio para lograr este objetivo de manera colegiada y homogénea. La sociedad lo exige.

 

 

Madrid, 25 de marzo de 2020