CSIF exige al Gobierno una financiación adecuada para el nuevo concierto que garantice la calidad sanitaria.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige al Gobierno que garantice una financiación suficiente para el próximo concierto de Muface, que actualmente está negociando con las compañías aseguradoras, a la vez que reclama una mayor estabilidad del mutualismo administrativo.

Desde nuestra organización asistimos preocupados a la falta de acuerdo en la negociación del futuro concierto sanitario entre el Gobierno y las aseguradoras Asisa, Adeslas y DKV, que en repetidas ocasiones han manifestado su intención de retirarse del modelo de asistencia médica de MUFACE, si las condiciones del concierto no eran mejoradas.

El concierto debería estar cerrado en el mes de octubre para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria desde el comienzo del próximo año 2025. Para CSIF, la calidad de la atención sanitaria del funcionariado no puede estar comprometida por la falta de inversión del Gobierno y exige que se adecúe la prima para poder prestarse el servicio sanitario sin los recortes acontecidos en el último concierto.

El origen del conflico viene de la última licitación, dónde se fijó una prima a las aseguradoras del 8% para el 2022, del 8,75% para el 2023 y del 10% para el 2024 — 3.571 millones de euros en total—. El problema es que, en esta ocasión, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una del 14% para el bienio 2025-2026 —frente al 40 % que piden las aseguradoras—. La cifra es insuficiente, según la patronal, que denuncia el aumento de los costes. Según recoge un informe elaborado en el 2022 por la Universidad Complutense de Madrid, la edad media de los mutualistas se ha elevado hasta los 57,8 años y «la edad es un factor determinante en la aparición de patologías y, como consecuencia, en el incremento de las necesidades de atención sanitaria». Por todo ello, ASPE acusa al Gobierno de querer liquidar Muface responsabilizando de ello al sector privado, que exige una contraprestación «justa». Esto es, equiparar la prima por mutualista (1.014 euros) al gasto sanitario real por ciudadano (1.608 euros). La diferencia se ha incrementado en los últimos diez años. Mientras el gasto sanitario público aumentó un 54,3%, la prima de Muface lo ha hecho en un 31,4%.

El presidente Nacional de CSIF, Miguel Borra, exige «financiación adecuada» para garantizar el servicio y ha pedido una reunión urgente con el ministro Óscar López. Si este no garantiza la supervivencia del sistema, «saldremos a la calle con toda contundencia». CSIF seguirá luchando por la mejora del modelo sanitario que ofrece MUFACE, al igual que en las mutuas de la Justicia y de la Defensa, MUGEJU e ISFAS respectivamente, y que se está viendo abocado a un deterioro continuo por una inversión deficitaria. 
En este sentido, advertimos de que desde nuestra organización responderemos con toda contundencia, sin descartar movilizaciones, en el caso de que no se responda a las necesidades de nuestros mutualistas.  No vamos a permitir que el modelo del mutualismo administrativo muera por inanición.