CSIF urge negociar la subida salarial de los empleados públicos para 2025 y advierte de que intensificará las medidas de presión si el gobierno sigue sin reaccionar

16 de diciembre de 2024

-CSIF celebra que el Tribunal Constitucional haya admitido un recurso de amparo presentado por esta Central Sindical para recuperar las pagas íntegras de los empleados públicos desde 2010

-“Desde la bajada salarial de 2010, los empleados públicos hemos perdido un 20% de poder adquisitivo. No son opiniones, son matemáticas”

CSIF ha salido hoy de nuevo a la calle y se ha concentrado ante la Delegación del Gobierno de A Coruña y las subdelegaciones de Lugo, Ourense y Pontevedra para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación colectiva y negocie la subida salarial del próximo año, un nuevo acuerdo salarial -el actual caduca a final de año- que corrija la pérdida de poder adquisitivo del 6 por ciento desde 2022 que supuso el “nefasto acuerdo” firmado sólo por CCOO y UGT.

También en materia de retribuciones, CSIF ha celebrado que el Tribunal Constitucional haya admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que mediante acuerdo de 16 de mayo de 2023 rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por este sindicato para que las/os empleados públicos recuperen la estructura salarial previa los recortes de Zapatero en 2010.

El alto tribunal, mediante providencia de 2 diciembre de 2024 acuerda su admisión a trámite ya que en este caso “concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales” y requiere a la Presidenta del Congreso para que en el plazo máximo de 10 días remita al Tribunal certificación del expediente.

Estos recortes, que siguen en vigor desde 2010, supone que los empleados públicos en esta última década hayan trabajado entre 13 y 18 meses gratis, en función del Grupo Profesional al que pertenezcan. Esta situación se suma a la pérdida global del 20 por ciento del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010. “No son opiniones, son matemáticas”, afirmó Pablo Burgos, secretario de Comunicación de CSIF Galicia en la concentración de A Coruña.

“No podemos seguir consintiendo la actitud de menosprecio de este gobierno contra los empleados públicos -añadió- y puso en valor el papel de CSIF como la única central sindical que da voz a este colectivo”.

Estas concentraciones, que se han celebrado de forma simultánea en todo el País y frente al Ministerio de Hacienda en Madrid, dan continuidad a las protestas iniciadas el pasado 11 de noviembre y se intensificarán si el gobierno no reacciona.

OTRAS REIVINDICACIONES

Queremos significar que, según un reciente estudio elaborado por CSIF, los empleados públicos de AGE cobran de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de CCAA y ayuntamientos por el mismo trabajo. Esta cifra es la media de las desigualdades retributivas que padecen los funcionarios (8.690 euros menos anuales de media) y el personal laboral (7.380 euros menos).

Para corregir estas desigualdades retributivas en la Administración General del Estado es necesario una dotación de fondos adicionales que fijamos en 1.487 millones, repartidos entre 2025, 2026 y 2027, hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028. 

  • Negociación de un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar poder adquisitivo al conjunto de empleadas y empleados públicos.
  • Asignación de fondos adicionales para la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.
  • Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.
  • Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.
  • Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
  • Mejora de las condiciones de jubilación con la regulación definitiva de la jubilación parcial para los funcionarios y estatutarios.
  • Adecuación de los Grupos Profesionales.
  • La actualización del TREBEP reforzando su carácter de norma básica como máxima garantía de las condiciones laborales de las/los empleados públicos.

 

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