Condenan a la Xunta a abonar los trienios consolidados como laboral temporal en la misma cuantía que se percibían antes de ser funcionario

La Xunta se enfrenta a la primera sentencia en vía contencioso-administrativo que la condena a reconocer el derecho a cobrar, en la misma cuantía que estaba cobrando los trienios consolidados como personal laboral temporal, a aquellos trabajadores que han adquirido la condición de funcionario tras un proceso selectivo, y la Xunta reduce su importe transformándolos fraudulentamente en trienios de personal funcionario.

El caso, defendido por los servicios jurídicos de CSIF, marca un precedente en la Administración General de la Xunta de Galicia y pone de manifiesto un problema del que ya han advertido desde CSIF en reiteradas ocasiones, pues actualmente afecta a medio millar de funcionarios, y en varios meses afectará a varios miles de trabajadores públicos tras la conclusión de los procesos de la Ley 20/21, sin que hasta el momento Función Pública haya adoptado ninguna medida para evitar la discriminación en el valor de los trienios para los empleados públicos de nuevo ingreso, y la consiguiente judicialización masiva de este conflicto.

Esta sentencia concreta afecta a un bombero forestal que había consolidado sus trienios como personal laboral temporal desde el año 2001, y en 2023 adquirió la condición de personal funcionario tras superar un proceso selectivo. Sin embargo, al convertirse en funcionario, la Xunta redujo el valor de cada uno de sus trienios perfeccionados como laboral temporal a 16,16 euros mensuales, en lugar de los 34,14 euros que percibía hasta su ingreso como funcionario. La sentencia corrige esta discriminación en el pago de los trienios acumulados hasta el 2021, obligando a la Xunta al pago al importe consolidado, con las correspondientes actualizaciones a futuro.

Inacción de la Xunta: un problema que se agrava
CSIF recuerda que los laborales fijos que se convierten en funcionarios tienen garantizado el valor original de sus trienios, pero este derecho no se aplica al personal de nuevo ingreso que accede mediante nuevos procesos selectivos, de ahí que la situación pueda generar un auténtico “colapso judicial” cuando finalicen los procesos de estabilización de la Ley 20/21, que convertirán a miles de laborales temporales en funcionarios de carrera. “Si la Xunta no actúa, se enfrentará a una oleada de demandas judiciales por este motivo”, afirman desde la Central Sindical.

En este sentido, CSIF ya trasladó propuestas a la Dirección Xeral de Emprego Público en la Mesa de Negociación y a los principales grupos parlamentarios para corregir esta desigualdad, que consistían en introducir una modificación de la Ley de empleo Público, similar a la introducida como consecuencia de los procesos de funcionarización, aprovechando para ello la tramitación de la Ley de acompañamiento de los próximos presupuestos del año 2025, propuestas que fueron desoídas.

“Desde CSIF seguiremos intentando buscar una solución negociada que permita reconocer a los funcionarios afectados, a efectos de trienios, los mismos derechos que sí tienen el personal laboral fijo y evitar así que tengan que recurrir masivamente a la vía judicial, algo evitable si la Xunta asume su responsabilidad y garantiza los derechos consolidados, respetando las cuantías”.

Mientras tanto, el sindicato pone a disposición de los afectados a sus delegados para asesorarles sobre cómo presentar estas demandas y defender sus derechos. "Si la Xunta sigue mirando hacia otro lado, se va a encontrar con un problema que irá a más", advierten desde CSIF.