CSIF reivindica la condición de agentes de autoridad para funcionarios de prisiones tras una nueva actuación antidroga en la cárcel de Huelva
- Prensa y Comunicación
20 de enero de 2025
Una trabajadora de La Ribera intercepta sustancias ilegales en una comunicación presencial entre una visitante y un interno
El sindicato CSIF alerta de la necesidad de que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad después de que una trabajadora del Departamento de Control de Accesos del Centro Penitenciario de La Ribera, en Huelva, haya abortado un nuevo intento de introducción de sustancias ilegales en la cárcel.
La funcionaria detectó e incautó durante el cacheo a una visitante a un preso un objeto que contenía, supuestamente, hachís, cocaína y heroína. El destino de los estupefacientes era el menudeo y el consumo en el interior del centro. De inmediato, avisó a la Guardia Civil y la visitante fue detenida y puesta a disposición judicial. Posteriormente, la autoridad competente decretó su ingreso en prisión.
Fuentes del CSIF aseguran que este tipo de actuaciones son frecuentes en las comunicaciones presenciales. La entrada de sustancias a las prisiones genera situaciones de riesgo para la salud de la población reclusa que las consume y altercados entre internos y con los funcionarios cuando proceden a su incautación. Las intervenciones de los trabajadores desembocan, en muchas ocasiones, en procesos judiciales que tardan años en resolverse, denuncia el sindicato. Esta labor la llevan a cabo profesionales penitenciarios que, incluso, se enfrentan a auténticos grupos mafiosos que intentan mantener su actividad delictiva desde el interior de los centros, careciendo de la condición de agentes de la autoridad, reconocimiento demandado desde hace años por el colectivo. Esta consideración daría mayores garantías jurídicas y de seguridad a los trabajadores.
En este sentido, CSIF insiste en la urgencia de modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones, iniciativa planteada en el Congreso de los Diputados el pasado noviembre.
El sindicato, asimismo, considera esencial que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ofrezca una formación continua y actualizada al personal, con el objetivo de prevenir o minimizar riesgos, especialmente en situaciones de agresión.
La última interceptación de droga en La Ribera por parte de una funcionaria vuelve a evidenciar las precarias condiciones laborales con las que convive el colectivo penitenciario, que debe desempeñar su labor en un entorno hostil y de riesgo permanente, con recursos limitados y una presión creciente.