CSIF aprovecha la vuelta al trabajo del Gobierno para recordarle que debe cumplir los deberes que tiene pendientes con los empleados públicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) quiere aprovechar este reinicio de la actividad del ejecutivo, con su primer consejo de ministros, para recordarle al Gobierno que "antes del verano, a través de nuestro presidente, Miguel Borra, le hemos puesto deberes y, de no cumplirlos, los conflictos se recrudecerán y habrá nuevas protestas este mes de otoño".

CSIF valora que, tras las presiones de la Cental sindical, sí se haya procedido a aplicar la subida salarial pendiente de 2024 a los empleados públicos, no obstante, "insistimos en que es insuficiente y es necesario un nuevo acuerdo salarial".

 Estas son las principales reivindicaciones que hacíamos desde CSIF y que hoy siguen vigentes, de cara al nuevo curso que comienza, durante el que esperemos que el Gobierno salga de la situación de parálisis en la que estuvimos el primer semestre debido a la  inestabilidad parlamentaria:

• Un nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década, así como recuperar la estructura salarial previa a los recortes fijados en el Real Decreto-ley 8/2010 y la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.
• Acabar con la alta temporalidad en las AAPP. Para ello es necesario eliminar de inmediato la tasa de reposición, que ha sido la principal causa de que las distintas administraciones hayan abusado de la contratación temporal.
• Implantación de la jornada de 35 horas, compromiso recogido en los acuerdos de 2018 y que aún está pendiente de implantar en distintas administraciones. Esta jornada la reclamamos igualmente para el sector privado.
• La modificación del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados y empleadas públicas, entre otras, como la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a planes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial, la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.
• Desarrollo de la ley de Función Pública para posibilitar la evaluación del desempeño, la carrera profesional para el conjunto de empleados públicos y el refuerzo de las plantillas mediante la eliminación de la tasa de reposición, tal y como manifestó recientemente el ministro de Función Pública.
• Planes de recursos humanos: adecuación de las plantillas a las necesidades reales de prestación del servicio, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para reforzar y reducir la media de edad. En los últimos 10 años la Administración Pública Estatal ha perdido alrededor de 40.000 efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos 5-10 años.
• Adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del TREBEP (actualizar funciones y retribuciones en todos los ámbitos).
• Mejoras en las condiciones de jubilación, tanto del Régimen General como de Clases Pasivas y negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por la penosidad en el ejercicio de su profesión.
• La equiparación de las cotizaciones en el Régimen de Clases Pasivas a las del Régimen General para los permisos de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.
• Regulación del Teletrabajo en todas las administraciones públicas, cumpliendo el compromiso adquirido en la Administración del Estado.
• Un incremento de la financiación de MUFACE, así como del resto del mutualismo administrativo para evitar que se reduzca la calidad asistencial en la sanidad que reciben nuestros funcionarios